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Juez dicta sobreseimiento definitivo a regidor de Santa Lucía tras conciliación millonaria

El funcionario municipal Marvin Wong logró un acuerdo de pago por más de un millón de lempiras a favor de una afectada por incumplimiento en la construcción de una vivienda

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Tegucigalpa – La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) ha logrado una conciliación judicial en el caso contra Marvin Humberto Wong González, regidor del municipio de Santa Lucía, quien enfrentaba cargos por estafa agravada.

Tras el acuerdo alcanzado, que incluye el pago de más de un millón de lempiras a la afectada, el juez dictó sobreseimiento definitivo a favor del funcionario municipal.

Wong González había sido detenido el pasado 4 de abril en cumplimiento de una orden de captura emitida por el delito de estafa agravada en perjuicio de una ciudadana. Según las investigaciones, el acusado, en su calidad de representante legal de la empresa Inversiones de Construcciones Múltiples Hondureñas S.DE.R.L (IDECOMH), había establecido un acuerdo verbal con la afectada para la construcción de una vivienda en Residencial Prado Verde de Tegucigalpa.

El compromiso inicial establecía que la obra sería entregada completa en mayo de 2023. Para financiar la construcción, la afectada solicitó un préstamo a una entidad financiera, que realizó dos desembolsos por más de 700 mil lempiras. Adicionalmente, la denunciante efectuó dos transferencias bancarias directamente a la cuenta del regidor.

Los problemas surgieron cuando la entidad financiera denegó un tercer desembolso al constatar que la obra presentaba un significativo desfase en su construcción y no cumplía con el avance comprometido. Esta situación motivó a la afectada a interponer la denuncia correspondiente por la actuación considerada dolosa por parte de los denunciados.

Las investigaciones también revelaron que Wong González constituyó la empresa IDECOMH el 2 de junio de 2014, con el propósito de dedicarse a construcciones civiles y administración de proyectos.

El caso concluye con un acuerdo de conciliación que permite al regidor evitar un proceso penal completo, mientras garantiza la compensación económica a la persona afectada por el incumplimiento contractual.

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