Tarjetas de crédito en lugar de dinero en efectivo, trabajar por 80 céntimos la hora: no son pocos los políticos que de ese modo quieren hacer de Alemania un país menos atractivo para los solicitantes de asilo.
Por DW
A veces los procesos burocráticos en Alemania sí son rápidos. En cuanto el canciller alemán y los jefes de gobierno de los 16 estados federados acordaron la tarjeta de débito para solicitantes de asilo, el pasado noviembre, la primera autoridad local ya la estaba introduciendo. Fue un distrito del estado de Turingia, en el este de Alemania, el que, al emitir la tarjeta, también introdujo una serie de restricciones.
La tarjeta «Mastercard» de prepago sólo puede utilizarse para hacer compras a nivel local. No se puede retirar efectivo ni hacer transferencias dentro o fuera de Alemania. Otras ciudades y municipios también han introducido la tarjeta de pago, que se prevé que esté disponible en todo el país a finales de 2024.
Turingia también es pionera en otra medida de la política de asilo que está siendo noticia en toda Alemania: un administrador de distrito -que es algo así como un alcalde- ha introducido el trabajo obligatorio para los solicitantes de asilo alojados en viviendas colectivas en su ciudad. Deben mantener limpios sus alojamientos y los terrenos que los rodean. Si se niegan a realizar el trabajo de limpieza, se les recortarán las prestaciones en hasta 180 euros al mes.
En principio, el trabajo obligatorio no es nada nuevo. Existe una normativa legal al respecto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no aplica a un trabajo regular con su correspondiente remuneración. En términos puramente legales, los solicitantes de asilo no pueden trabajar en absoluto durante los tres primeros meses. Después, hay regulaciones escalonadas dependiendo de si los refugiados viven en alojamientos colectivos o tienen hijos menores de edad, por ejemplo. Por regla general, el permiso de trabajo no se expide hasta pasados seis meses.
Compensación de gastos en lugar de salario
Sin embargo, lo que siempre es legalmente posible para los solicitantes de asilo, y también se aplica a aquellos cuya solicitud de asilo ha sido rechazada y que tendrían que abandonar el país, es que se los puede obligar a hacer hasta cuatro horas de servicio comunitario al día por una compensación de 80 céntimos por hora.
Según Christian Herrgott, concejal de distrito del partido conservador Unión Demócrata Cristiana (CDU), esta normativa, que muy pocas autoridades locales han utilizado hasta la fecha, tiene varias ventajas. La obligación de trabajar ofrece una tarea, sobre todo a quienes aún no pueden trabajar regularmente, y también garantiza que la gente tenga «una estructura diaria». Al dejar de contratar a una empresa de limpieza, también crea más aceptación entre la población, que, con los impuestos, está financiando las ayudas a solicitantes de asilo.
Desde luego, no es casualidad que Turingia sea uno de los pioneros tanto en la introducción de la tarjeta de pago como en la implantación del trabajo obligatorio, y que fueran políticos de la CDU quienes tomaran la iniciativa en ambos casos. En septiembre se elegirá un nuevo parlamento estatal en ese estado del este de Alemania. Los sondeos muestran a la AfD, con su líder de extrema derecha Björn Höcke, al frente con más del 30%. La CDU se sitúa en el 20% y espera recuperar a los votantes de la AfD con una postura más dura frente a los solicitantes de asilo.
Esto no sólo se aplica aTuringia, sino también a la vecina Sajonia, donde también hay elecciones en septiembre y la AfD también lidera las encuestas.
La mayoría de los refugiados que llegan a Europa tienen como destino a Alemania. En 2023 se presentaron casi 330.000 solicitudes de asilo. Esto representó el 30 por ciento de todas las solicitudes en los 27 países de la UE. Las ciudades y municipios, y también los estados federados, dicen desde hace tiempo estar sobrepasados por los problemas de infraestructura para acoger a las personas que solicitan asilo, debido a la escasez de viviendas, la falta de plazas en guarderías y escuelas, así como flata de vacantes en cursos de alemán y de integración.
En la población crece el descontento por esta situación. Según un reciente estudio de la Fundación Bertelsmann, la disposición a aceptar refugiados ha descendido considerablemente. Aunque sigue existiendo una «sólida cultura de acogida», el escepticismo hacia la inmigración y la preocupación por las consecuencias negativas han aumentado notablemente.
En este contexto, cada vez más políticos reflexionan sobre cómo hacer que Alemania resulte menos atractiva para los refugiados en el marco de las posibilidades legales. La tarjeta de pago y el debate sobre el trabajo obligatorio podrían entenderse como medios para ello.
