Tegucigalpa – La crisis electoral desatada tras las elecciones primarias del 9 de marzo en Honduras ha tomado un nuevo giro con los testimonios de transportistas involucrados en la distribución del material electoral. Conductores como Pablo Rodríguez han revelado que solo dos militares custodiaban nueve buses cargados con maletas electorales, y que siguieron rutas erráticas con paradas prolongadas sin justificación aparente.
Mientras tanto, los empresarios del transporte, Carlos Fonseca y su socio Óscar Aguilera, afirman que ellos solo proporcionaron los vehículos y que las decisiones sobre rutas y logística correspondían exclusivamente al Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas, en un caso que ha derivado en investigaciones del Ministerio Público por posibles actas adulteradas.
El día de las elecciones: retrasos y caos
El domingo 9 de marzo de 2025, miles de hondureños acudieron a los centros de votación para participar en las elecciones primarias. Sin embargo, en importantes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, numerosos centros no recibieron el material electoral a tiempo, lo que impidió el inicio normal de la votación.
Según el testimonio de Pablo Rodríguez, uno de los conductores que transportaba las maletas electorales, la jornada comenzó con graves deficiencias logísticas. «Solo andaban dos militares para nueve buses, uno adelante y el otro atrás de las nueve unidades. No andaba ningún custodio con nosotros», declaró el conductor en una entrevista posterior.
Rodríguez reveló que, aunque las cajas con material electoral fueron cargadas desde la medianoche del sábado, los buses no salieron de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) hasta las 6:15 de la mañana del domingo.
Lo más preocupante fue el itinerario errático que siguieron: primero fueron a la Universidad Pedagógica Nacional, donde permanecieron una hora y media sin descargar material; luego al Instituto Jesús Milla Selva, y posteriormente a la colonia El Hogar, donde estuvieron «cuatro horas parqueados, sin hacer nada».
El conductor afirmó que en la escuela Vida Abundante solo descargaron cuatro maletas alrededor de la 1:00 de la tarde, momento en que intervino el Ministerio Público. Después fueron llevados a la colonia La Joya, donde permanecieron «como escondiéndonos» durante dos horas. Finalmente, fueron interceptados por vehículos del CNE que los llevaron nuevamente al Infop al anochecer.
Reacciones y acusaciones cruzadas
La crisis electoral generó inmediatamente acusaciones cruzadas entre las diferentes partes involucradas. Carlos Fonseca, empresario del sector transporte y representante de la empresa Ingeniería Logística, responsabilizó directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) por los retrasos.
«Esto me ha puesto en riesgo a mí y a mi familia, han publicado el contrato y hay gente dentro del CNE queriendo perjudicarme. Están tratando de ensañarse con la gente trabajadora», declaró Fonseca, quien cuestionó cómo fue posible que el material electoral llegara en tiempo y forma a centros de votación en Ocotepeque, pero no a otros ubicados cerca del Infop en Tegucigalpa.
Fonseca también reveló un dato que complicó aún más el caso: su socio, Óscar Aguilera, es militante reconocido del Partido Libertad y Refundación (Libre) y hermano de Bernardo Aguilera, un empleado del CNE que ocupaba el cargo de jefe del Área de Turno A de preparación, despacho, maquilación y recepción de las maletas electorales.
Por su parte, Óscar Aguilera defendió su posición en entrevistas posteriores: «Nosotros sólo ponemos a disposición las unidades, y quienes deciden rutas y todo es el Consejo Nacional Electoral junto con la custodia que en este caso son las Fuerzas Armadas». Aunque reconoció su afiliación al Partido Libre, negó cualquier influencia indebida en el proceso.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, atribuyó parte del problema a las limitaciones de personal: «A las 9:00 de la mañana todavía se estaba maquilando material electoral para ser enviado a los centros de votación».
Según explicó, tenían la doble misión de transportar las maletas y mantener presencia en los centros de votación, lo que complicó la logística.
Investigaciones y hallazgos posteriores
A medida que avanzaban los días, comenzaron a surgir denuncias sobre posibles irregularidades más allá de los problemas logísticos. El 14 de marzo, miembros del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones ingresaron a las instalaciones del Centro Logístico Electoral en el Infop para investigar denuncias sobre actas adulteradas.
Los agentes recabaron información y tomaron fotografías de algunas urnas para verificar posibles alteraciones que podrían haber afectado los resultados electorales. El consejero Marlon Ochoa denunció que algunos datos no correspondían a la información validada por el sistema biométrico utilizado durante el proceso.
La intervención del Ministerio Público se amplió días después, cuando funcionarios de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron una inspección más exhaustiva del Centro Logístico Electoral. Las investigaciones se centraron en las urnas señaladas por presentar inconsistencias con los procedimientos normales de votación.
Voces de autoridad y análisis del caso
El primer Fiscal General de la República, Edmundo Orellana, emitió declaraciones que añadieron una nueva perspectiva al caso. Basándose en el testimonio jurado del motorista Pablo Rodríguez ante el Ministerio Público, Orellana afirmó que «es evidente que el CNE no impidió la llegada del material electoral a las urnas».
«Con este testimonio rendido ante el MP, es evidente que no fue el CNE quien impidió que el material electoral llegara a los centros de votación. Grandes desafíos tiene el MP», concluyó Orellana, quien también fungió como ministro de Transparencia del actual gobierno.
Estado actual y perspectivas
La crisis electoral ocurre en un momento crítico para Honduras. Según el informe «Estado de país 2025: Seguridad y Justicia» presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el país enfrenta graves problemas de inseguridad e impunidad a pesar de los aumentos presupuestarios en materia de seguridad.
La intervención del Centro Logístico Electoral se produjo a pocos días de la fecha prevista para la declaratoria oficial de elecciones por parte del pleno del CNE, programada para el 8 de abril. Diversos sectores de la sociedad han manifestado la necesidad de mantener esta fecha para dar certidumbre al proceso electoral y evitar una crisis institucional mayor.
Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto anunció que analizan la posibilidad de presentar una acusación contra un periodista que durante una transmisión en vivo manipuló una de las maletas electorales, acción que según Hernández «generó un caos» y una percepción negativa ante la sociedad.
A la espera de los resultados de las investigaciones en curso, Honduras se encuentra en una encrucijada electoral que pone a prueba la solidez de sus instituciones democráticas y la capacidad del sistema de justicia para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
