El expresidente gana tiempo tratando de retrasar los juicios en los que está imputado.
Por El País
Donald Trump vuelve al Tribunal Supremo. El hombre que ha nombrado a un tercio de los nueve magistrados que están en la cúspide del sistema judicial estadounidense se asoma este año una y otra vez al orden del día del tribunal. Los abogados del expresidente han notificado este lunes que recurrirán contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Washington que le denegó la inmunidad por la comisión de posibles delitos mientras era el inquilino de la Casa Blanca. Acepten o rechacen los jueces el recurso, Trump gana, como mínimo, tiempo. Ya ha conseguido dilatar el proceso y ha evitado de momento sentarse en el banquillo de los acusados en plenas elecciones primarias del Partido Republicano. Ahora, pide que el caso siga paralizado mientras adelanta algunos de los argumentos de su recurso: “Sin inmunidad penal, la presidencia tal y como la conocemos, dejará de existir”.
Trump ha notificado que va a recurrir formalmente la decisión ante el Supremo y pide que, mientras tanto, el procedimiento siga parado. Eso le permitirá seguir dilatando la instrucción y retrasar el juicio oral. “Llevar a cabo un juicio penal de meses de duración contra el presidente Trump en plena temporada electoral perturbará radicalmente la capacidad del presidente Trump para hacer campaña contra el presidente Biden”, dice el escrito presentado por los abogados del expresidente en la introducción de su escrito. “La orden del Circuito del Distrito de Columbia [que deniega su inmunidad y dice que se le someta a juicio] amenaza así con un daño irreparable inmediato a los intereses de la Primera Enmienda del presidente Trump y de decenas de millones de votantes estadounidenses, que tienen derecho a escuchar el mensaje de campaña del presidente Trump mientras deciden cómo emitir su voto en noviembre”, añaden.
La discusión sobre la inmunidad se refiere al caso de Washington en el que se ha imputado al expresidente por intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden, para aferrarse al poder. Sin embargo, la doctrina de los jueces se puede extender al conjunto de las cuatro imputaciones por 91 presuntos delitos que pesan sobre él. Este mismo lunes, Trump comparecía para un trámite procesal ante el juzgado de Florida que tramita su imputación por la retención de documentos secretos tras dejar la Casa Blanca.
La defensa de Trump plantea dos preguntas en su recurso al Supremo. Por un lado, si los presidentes, aun después de dejar la Casa blanca, son inmunes penalmente por los actos llevados a cabo en el ejercicio directo de su cargo. Por otro, si se está violando su derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, dado que Trump ya fue sometido a un juicio político (impeachment) en el Congreso. Entonces, la mayoría de los senadores le consideraron culpable, pero no se alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para condenarle.
La tesis de Trump es que si a él se le juzga, se abre una espita y “la amenaza de una futura acusación penal por parte de una Administración políticamente opuesta ensombrecerá todos los actos oficiales del futuro presidente, especialmente las decisiones políticamente más controvertidas”. “Los adversarios políticos del presidente tratarán de influir y controlar sus decisiones mediante la extorsión o el chantaje efectivos con la amenaza, explícita o implícita, de una futura acusación por parte de una Administración hostil, por actos que no justifican tal acusación. Esta amenaza colgará como una piedra de molino alrededor del cuello de cada futuro Presidente, distorsionando la toma de decisiones presidenciales, socavando la independencia del presidente, y nublando la capacidad del Presidente ‘para hacer frente sin temor y con imparcialidad’ a los deberes de su cargo”, añaden en el largo escrito.
Trump lleva al Supremo su extrema argumentación de que un presidente o expresidente solo puede ser juzgado ante un tribunal si previamente ha sido condenado en un proceso político (impeachment) por el Congreso. En esa inmunidad casi absoluta, la defensa de Trump argumenta que no se le podría juzgar siquiera por ordenar a un comando de las fuerzas especiales asesinar a sus rivales políticos (¿incluidos los que pretendan votar a favor del impeachment?). Cuesta imaginar que el Supremo, pese a su mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas, pueda adoptar un razonamiento así, pero aunque el Supremo rechace el recurso, Trump sigue ganando tiempo.
Las juezas dictaron daban de plazo a Trump solo hasta este lunes para recurrir ante el Supremo antes de que el caso se reactivase. La defensa de Trump tenía, por tanto, dos alternativas: recurrir ante el pleno del Tribunal de Apelaciones, pero que el caso se siguiese tramitando, o acudir al Supremo para que siga paralizado, que es lo que ha hecho. Normalmente, un recurso no paraliza la tramitación de un caso, pero en esta ocasión sí lo ha hecho, porque lo que está en juego es la esencia misma de si el expresidente puede ser o no procesado.
Tanto la jueza que lleva el caso como el Tribunal de Apelaciones rechazaron la inmunidad del expresidente en términos muy contundentes. “A efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberle protegido mientras ejercía como presidente ya no le protege contra esta acusación”, decía la sentencia de 57 páginas en su introducción. “Sería una paradoja sorprendente que el presidente, que tiene el deber constitucional último de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, fuera el único cargo capaz de desafiarlas impunemente”, desarrollaban las juezas en los fundamentos de la decisión. “No podemos aceptar que el cargo de la presidencia sitúe a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para siempre”, decían en otra de sus frases.
En el pliego de cargos de este caso, que supuso la tercera imputación de Trump, el fiscal especial Jack Smith lo acusa de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.
El inicio el juicio, inicialmente agendado para el 4 de marzo por la jueza Tanya Chutkan, se ha retrasado indefinidamente. Eso deja la pista libre para el de su primera imputación, por las falsedades mercantiles en los pagos para ocultar escándalos en la campaña de las presidenciales de 2016 (uno de ellos a la actriz porno Stormy Daniels, para silenciar una supuesta aventura extramatrimonial).
Este está programado en principio ante un tribunal del Estado de Nueva York, durante cinco semanas a partir del 25 de marzo de 2024. Chutkan había hablado con el juez neoyorquino para avisarle de que quizá hiciese falta posponerlo si empezaba el juicio de Washington, pero ese ya no es el caso.
