Las maniobras de defensa del expresidente le permiten dilatar los procesos y ganar tiempo mientras compite electoralmente.
Por El País
Donald Trump vuelve a reclamar inmunidad. Esta vez lo hace en el caso de los papeles clasificados que el FBI encontró en un registro en Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach (Florida) después de que el expresidente los retuviese indebidamente. Trump alega que debe ser inmune ante las acusaciones de que retuvo ilegalmente documentos de seguridad nacional porque se derivan de decisiones que tomó en sus últimas semanas como presidente. Los abogados del expresidente han presentado varias mociones reclamando el archivo del caso a la jueza Aileen Cannon, nombrada por el propio Trump y que ha tomado de forma recurrente decisiones a su favor.
La alegación de inmunidad ya fue presentada por Trump en el caso de Washington en el que se le investiga por sus intentos de fraude en relación con los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió contra Joe Biden. Tanto la jueza que lleva el caso, Tanya Chutkan, como el Tribunal de Apelaciones rechazaron la inmunidad del expresidente en términos muy contundentes.
“Cualesquiera que sean las inmunidades de que pueda disfrutar un presidente en ejercicio, Estados Unidos solo tiene un jefe del Ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un salvoconducto de por vida para salir de la cárcel”, indicó la jueza Chutkan en primera instancia. “A efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberle protegido mientras ejercía como presidente ya no le protege contra esta acusación”, decía la sentencia de las tres juezas del Tribunal de Apelaciones. “Sería una paradoja sorprendente que el presidente, que tiene el deber constitucional último de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, fuera el único cargo capaz de desafiarlas impunemente”, desarrollaban.
Trump, sin embargo, ha recurrido al Supremo y ha solicitado que el caso quede paralizado mientras los jueces deciden sobre si el expresidente tiene inmunidad para ser perseguido por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. El fiscal especial Jack Smith, encargado tanto del caso de Washington como del de Florida, ha pedido al Tribunal Supremo que rechace la petición de Trump y permita avanzar en el proceso.
El expresidente ya ha conseguido dilatar el proceso y ha evitado de momento sentarse en el banquillo de los acusados en plenas elecciones primarias del Partido Republicano. La jueza Chutkan había programado el juicio para el 4 de marzo, pero los recursos de Trump la han obligado a posponerlo indefinidamente. Ahora, la historia puede repetirse en el juzgado de Florida que lleva el caso de los papeles de Mar-a-Lago, en el que Trump está acusado de 40 delitos.
Tanto si la jueza Cannon le da la razón como si se la deniega, pero los abogados de Trump recurren, el caso se retrasará y quedará previsiblemente para más tarde del 20 de mayo, que era la fecha inicialmente agendada. La jueza ha programado una vista para el 1 de marzo sobre el calendario del juicio.
Trump, favorito a la nominación como candidato republicano a las presidenciales, quiere evitar sentarse en el banquillo y ser juzgado antes de las elecciones. Si retrasa los casos y sale elegido, puede ordenar que se retiren los cargos en los dos casos federales. También podría tratar de concederse el indulto si resulta condenado en el juicio de Nueva York y lo tendría algo más complicado en el de Atlanta (Georgia).
La batería de escritos presentados por los abogados de Trump ante la jueza Cannon alegan motivos variados para archivar el caso. En uno de ellos, se dice que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith y la financiación que ha recibido son ilegales. En otro, se señala que las acusaciones entran en conflicto con otra ley estadounidense sobre el uso de los registros presidenciales. Además, los abogados de Trump también han solicitado desestimar el caso porque las acusaciones son, en opinión, demasiado vagas y por ello vulneran la Constitución, según otro escrito. También solicitan el archivo por violacions del debido proceso y por una persecución “selectiva y vengativa”.
Otra petición es la que alega precisamente la inmunidad presidencial. Los abogados señalan que los cargos “giran en torno a su supuesta decisión de designar registros como personales en virtud de la Ley de Registros Presidenciales (PRA) y hacer que los registros se trasladen de la Casa Blanca a Mar-a-Lago”. Dado que Trump tomó esta decisión mientras aún estaba en el cargo, escribieron, “fue un acto oficial, y como tal está sujeto a la inmunidad presidencial”, añaden. Los fiscales calificaron esa solicitud de inmunidad de “frívola” en una contestación previa, señalando que la conducta imputada en la acusación ocurrió toda después de que Trump dejara la Casa Blanca, pues fue entonces cuando desatendió requerimientos para devolver los documentos.
Cannon da de plazo a los fiscales hasta el 7 de marzo para que respondan a esas alegaciones, lo que ya da idea de que servirán para dilatar el proceso.
