La Corte Internacional de Justicia pide contención a ambos países ante disputa histórica, pero no suspende la consulta de este domingo impulsada por Nicolás Maduro.
Por El País
Venezuela vota este domingo en el referéndum consultivo sobre la histórica disputa territorial que tiene con la vecina Guyana por el Esequibo, un territorio selvático bajo jurisdicción guyanesa que es mayor que Portugal y Caracas reclama. El ambiente es de tensión e incertidumbre. Este es un asunto con el que el chavismo ha sacado la bandera de la soberanía con la que, en otras oportunidades, ha abierto frentes políticos internacionales que le permiten navegar sus marejadas internas. Pero esta es, quizás, la ocasión en la que ha ido más lejos. El Gobierno ha desplegado una enorme campaña nacionalista para promover un mapa de Venezuela que añada el territorio de 160.000 kilómetros cuadrados —ricos en petróleo y minerales— de la Guayana Esequiba, que equivalen a dos tercios de este pequeño país y que reclaman para sí ambas naciones.
Nicolás Maduro ha entrado en una intensiva campaña electoral nacionalista, mientras la oposición ha logrado aglutinarse en torno a la candidatura de María Corina Machado electa en unas primarias que han resultado exitosas para enfrentarlo en las presidenciales de 2024. Vallas, conciertos, merchandising, concentraciones militares, publicidad incesante en redes sociales que reclama el Esequibo para Venezuela.
Del otro lado de la frontera en disputa, se ha creado una narrativa belicista con movimientos más explícitos. Hace unos días, el presidente guyanés, Irfaan Alí, en traje militar de campaña, se plantó en la zona en disputa, a pocos metros de la frontera con Venezuela, izó su bandera en un pequeño cerro y allí pasó una noche con sus militares.
Un nuevo movimiento en el tablero se produjo este viernes en la Corte Internacional de Justicia de la ONU, con sede en La Haya, a la que Guyana recurrió para dirimir la controversia y donde solicitó la suspensión de la consulta popular venezolana por considerarla una amenaza. El chavismo ha tomado como una victoria que el organismo no haya suspendido explícitamente el proceso, aunque la corte de Naciones Unidas sí reiteró sus advertencias al Caracas a “no hacer nada que modifique la situación sobre el territorio que administra y controla de facto Guyana”, mientras se determina el fondo de la disputa sobre el territorio que analiza el tribunal, que es, precisamente, la validez de la frontera que defiende Guyana. Los magistrados también manifestaron su preocupación por una de las preguntas planteadas en la consulta. En la decisión judicial, la corte de La Haya pide a las partes abstenerse de cualquier acción que pueda agravar o expandir la disputa.
El del domingo es un referéndum consultivo que ha levantado las alarmas desde que se anunció, al día siguiente de que la oposición venezolana realizara unas primarias que superaron las expectativas de participación. La gravedad puede estar en algunas de las cinco preguntas planteadas a los venezolanos este domingo, cuando se hayan abierto todos los centros de votación del país y el chavismo también aproveche para medir su músculo para movilizar al electorado.
La quinta pregunta es la que genera más suspicacia, pues con ella el Gobierno busca recibir la autorización popular para crear un Estado en el territorio en disputa y dar identidad venezolana a poco más de 125.000 personas que viven en esa franja de selva y que ya son guyaneses. Esto ha sido interpretado como una ocupación de la zona en reclamación con el respaldo de los votos y algunos analistas internacionales consideran que está servida sobre la mesa la posibilidad de que se desate un conflicto armado en América Latina.
“Nunca antes había habido tanta tensión entre Guyana y Venezuela como ahora”, dice con preocupación Rocío San Miguel, especialista en seguridad y defensa y directora de la organización Control Ciudadano. Al menos no desde la rebelión de Rupununi, en 1969, en la que un grupo separatista de amerindios pidió apoyo a Venezuela para crear un distrito independiente en la porción sur del Esequibo y fue repelido por las Fuerzas Armadas de Guyana.
Política interna
Las preguntas del referéndum cuentan parte de esta vieja historia que el chavismo ha desempolvado ahora. La primera está orientada a rechazar la base del argumento de Guyana para hacerse con el tratamiento que es la frontera trazada en el Laudo Arbitral de París 1899, en una decisión considerada amañada y parcial a favor de los ingleses que, con la creación de la Guayana Británica en 1831, empezaron a ocupar un territorio —más grande que países como Inglaterra o Cuba— que aunque estaba en los mapas de la antigua Capitanía General de Venezuela desde 1777, España no había poblado y explotado y luego de la independencia, una Venezuela en ruinas tampoco estuvo en condiciones de poseer.
La segunda es para validar la base del argumento de Venezuela: el Acuerdo de Ginebra de 1966, auspiciado por las Naciones Unidas, como único marco para resolver el conflicto territorial y que estableció mecanismos pacíficos que no han dado resultados y que medio siglo después han terminado en la Corte Internacional de Justicia, luego de que Guyana introdujera una demanda en 2018 que la instancia admitió dos años después. En este juicio se determinará la validez del Laudo Arbitral de 1899.
La analista venezolana San Miguel advierte de que este proceso puede tener consecuencias no solo en el terreno internacional sino para la política interna. Para la abogada, el referéndum puede constituirse en un instrumento para discriminar entre “patriotas o traidores”, como ocurrió durante el Gobierno de Hugo Chávez con la llamada Lista Tascón, que se hizo con la divulgación de los datos de los que firmaron para revocar al expresidente Chávez. Aquella información fue usada para perseguir, hacer despidos y filtrar lealtades en la Administración pública. La tensión sobre esta posibilidad ya está en la calle, en la conversación corriente, en la que la gente se debate sobre si votar o no y cómo esta decisión puede afectarles.
“El 4 de diciembre no va a haber guerra”, dice San Miguel. “Pero el conflicto con Guyana será directamente proporcional a los peligros que se encuentre el Gobierno en el camino a las elecciones presidenciales de 2024″. Varias de las preguntas del referéndum proponen “oponerse por todos los medios” a las acciones de Guyana, lo que puede convertirse en un cheque en blanco para el Gobierno, señala la especialista, para ordenar una movilización nacional con la que se suspendan los comicios de 2024, una vía de escape ante la posible pérdida del poder si se ve obligado a autorizar a todos los candidatos y dar más concesiones para que estas sean unas elecciones competitivas. “Esto podría ocurrir en Venezuela con un botón que se apriete para exacerbar cualquier choque militar fronterizo que conlleve a la declaratoria del Estado de Emergencia”.
La geopolítica internacional pone en desventaja a Venezuela ante un escenario como este en el que Guyana está respaldada por potencias como Estados Unidos y Reino Unido e incluso por el vecino común Brasil. A partir de 2015 Guyana comenzó a dar concesiones petroleras marítimas en aguas frente al Esequibo, una reciente explotación que pronto convertirá a este pequeño país sudamericano en el más rico de la región en términos de ingresos per cápita.
Otro de los temas que toca la consultas tiene que ver con el alegato de Venezuela de que la corte de la ONU no tiene jurisdicción en esta causa y con la tercera pregunta aspira tener respaldo popular para concretar sus amenazas de salirse de esta instancia internacional de justicia. “Este es el error más grande que podría cometer Venezuela, porque este es el espacio donde puede presentar pruebas y alegatos”, dice la experta. La corte ha dado plazo hasta abril de 2024 para que Venezuela presente una memoria escrita sobre su posición sobre el Laudo Arbitral de París y los límites. En 2025, la corte podría estar decidiendo las fronteras y, si Venezuela se aparta, Guyana seguramente tomará la ventaja.
Pero el referéndum ha sido la huida hacia adelante con la que Maduro ha hecho frente a la movilización que hubo en las primarias, en las que arrasó María Corina Machado con 92% de los votos. La dirigente opositora también ha alzado su voz contra el referéndum, por los perjuicios que puede desencadenar para Venezuela en su defensa en la CIJ. Por esto también ha sido fustigada en el chavismo que ha convertido el asunto en una cruzada patriótica por la soberanía.
La participación de Machado en las presidenciales, aun siendo la candidata unitaria, está en suspenso por su inhabilitación. El reciente mecanismo para habilitar a los candidatos, anunciado en redes sociales por los facilitadores de Noruega, que impone una serie de compromisos a quienes están interesados en que el Tribunal Supremo revise sus casos, cruza de alguna manera los asuntos. Se les reclama que participen del proceso “honrar y defender la patria” y “resguardar y proteger la soberanía e integridad territorial”.
