El Consejo de Europa (CdE) clausuró este miércoles su cumbre de jefes de Estado y de Gobierno con la creación de un registro de daños y perjuicios por la intervención militar rusa en Ucrania, el respaldo al proceso para constituir un tribunal especial que juzgue la “agresión” y la demanda a Moscú de que libere a los civiles deportados por el conflicto.
La cumbre de Reikiavik, la cuarta en los 73 años de historia del Consejo de Europa y la primera desde la de Varsovia en 2005, envió un mensaje de unidad a favor de Ucrania, aunque el registro de daños, que pretende ser el primer paso para un futuro mecanismo de compensación, no contó con respaldo unánime.
Cuarenta países, entre ellos España, suscribieron la iniciativa, incluidos Canadá, Estados Unidos y Japón, que tienen el estatus de observadores, además de la Unión Europea (UE), que proporciona una contribución “sustancial” de los costes iniciales del registro, que tendrá su sede en La Haya (Holanda), con una oficina satélite en Ucrania.
Tres de los 46 países del CdE (Andorra, Suiza y Bulgaria) han mostrado su intención de suscribir la iniciativa, mientras otros seis (Turquía, Hungría, Serbia, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia) han rehusado firmarla.
La presidenta de Hungría, Katalin Novak, tildó de “inaceptable” en su intervención la “brutal agresión” rusa, pero reclamó también a Ucrania el respeto a las minorías étnicas en ese país, entre ellas, la húngara.
“Sin rendición de cuentas no puede haber una paz duradera”, dijo en rueda de prensa al término de la cumbre Katrín Jakobsdóttir, la primera ministra de Islandia, país que hoy cedió la presidencia rotatoria del CdE a Letonia.
La jefa de Gobierno islandesa calificó de “extremadamente positivo” el apoyo al registro y consideró “predecible” que no todos los países lo fueran a suscribir.
El registro servirá para guardar evidencias de los “daños, pérdidas y perjuicios causados por la agresión rusa” desde el 24 de febrero de 2022, fecha de inicio de la intervención militar, tanto a todas las personas como al Estado de Ucrania.
“Los jefes de Estado y Gobierno expresaron su voluntad de comprometerse en iniciativas internacionales para desarrollar este mecanismo, que puede incluir una comisión de reclamaciones y un fondo de compensación, resaltando la obligación de la Federación Rusa de pagar el daño causado por su guerra de agresión”, consta en la declaración de Reikiavik.
El texto pide además a Rusia la liberación “inmediata” de todos los civiles “trasladados a la fuerza o deportados de forma ilegal a su territorio o a zonas controladas temporalmente u ocupadas, en particular niños”, además de la retirada de sus tropas de Ucrania, Georgia y Moldavia.
“El establecimiento del registro de daños causados por Rusia es sin duda una decisión histórica que nos permitirá empezar el proceso de establecer justicia. La creación de un tribunal especial es extremadamente importante”, dijo en la misma comparecencia el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal.
El registro de daños ya había recibido ayer, en la sesión inaugural, el apoyo explícito de varios líderes presentes en Reikiavik, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y su homólogo británico, Rishi Sunak.
Alrededor de cuarenta jefes de Estado y de Gobierno viajaron a la capital islandesa, en la que España estuvo representada por su ministro de Exteriores, José Manuel Albares.
El Consejo de Europa ha condenado desde su inicio en febrero de 2022 la intervención rusa en Ucrania, que define como “una agresión injustificada y no provocada”, lo que llevó un mes después a la exclusión de Rusia de la organización.
Aunque Ucrania dominó las discusiones en Reikiavik, durante la cumbre se acordaron otras iniciativas, como una actualización de los principios “democráticos”, incluyendo por ejemplo la necesidad de luchar contra la corrupción o de asegurar la participación de la sociedad civil y de los jóvenes.
La declaración de Reikiavik resaltó también la “interconexión” entre los derechos humanos y el medio ambiente, reconociendo el derecho a un entorno “limpio, saludable y sostenible”.
