Los ministros de Ambiente de la región han adelantado algunas prioridades de su agenda para la cumbre que se celebra en diciembre en Dubái. Indígenas y jóvenes denuncian poca participación en espacios de diplomacia climática.
Por El País
Panamá escenificó la semana pasada uno de los dilemas que enfrenta América Latina y el Caribe respecto a sus modelos de desarrollo de manera muy gráfica. Mientras en ese país cientos miles de ciudadanos se volcaban a las calles para manifestarse en contra de un contrato ley que permitiría la continuación de la explotación de la mayor mina de cobre de cielo abierto de Centroamérica, en las salas de un hotel de la capital se celebraba la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2023 (LACCW 2023), una antesala regional a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). A los ministros de Ambiente, tomadores de decisiones, activistas y miembros de ONG que trataban de afinar y compartir las posturas con las que los países llegarán a la cumbre del clima a finales de año les tocó escuchar de primera mano el clamor de la población en contra de un polémico proyecto minero ante el silencio del Gobierno de ese país.
El evento incluso se tornó virtual los últimos dos días por temor a que las manifestaciones y la respuesta policial fueran un riesgo para los participantes. Con la imagen presente de que los ciudadanos no están dispuestos a quedarse callados frente a las decisiones políticas que ponen en riesgo el medio ambiente, algunos líderes de la región dejaron pistas de los temas que serán clave para la región en las negociaciones de la COP28, que se realizará en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).
Latinoamérica y el Caribe no “ha sido capaz de negociar en bloque”, señaló la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, durante uno de los paneles. Aún existen diferencias importantes entre países, como la de eliminar o no los combustibles fósiles, pero también hay temas críticos que la región debería fortalecer en conjunto. Uno de estos, parecieron acordar los participantes en la cumbre de Panamá, es pedir una reforma en la arquitectura financiera climática global.
“Actualmente el financiamiento es escaso y los organismos que lo otorgan son muy burocráticos”, explicó Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina. “Además hay una situación entre los países en desarrollo y los desarrollados, en donde los segundos no asumen verdaderamente la responsabilidad que poseen”, agregó. De hecho, en la declaración que se publicó sobre el Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, que se realizó de manera paralela a la Semana del Clima también en Panamá, los jefes de cartera dejan clara esta petición.
“Hacemos un llamado a la priorización de la región en la asignación de recursos financieros de calidad, altamente concesionales, nuevos, adicionales, predecibles y en cantidad adecuada, de manera que no incrementen la carga de la deuda ni las presiones al limitado espacio fiscal de nuestros países y sin reducir los fondos destinados a la lucha contra la pobreza”, se lee en el documento. “Urgimos a los países desarrollados a cumplir con sus compromisos de provisión y movilización de recursos, incluyendo la meta de movilizar el mínimo de 100.000 millones de dólares anuales en financiamiento climático, para apoyar las necesidades de los países en desarrollo”, advierten sobre esta meta que se firmó en la COP15 de 2009 y que, hasta el momento, ha resultado un fracaso.
Al respecto, Muhamad también volvió a hablar sobre la propuesta de canje de deuda por acción climática elevada en diferentes ocasiones por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. No obstante, el ministro de Hacienda de este país, Ricardo Bonilla, le dijo en julio a América Futura que no es algo en lo que se esté trabajando actualmente.
Epicentro de una transición justa
En las cartas que el presidente de la COP28, el sultán bin Ahmed Al Jaber, envió a partes y participantes de la Conferencia, ha dejado claro que uno de sus objetivos está en lograr triplicar la capacidad de energías renovables a 2030, un llamado que ha sido atendido, aunque con cautela, por los países de América y el Caribe, pues esperan que esta transición no se implemente a costa de la biodiversidad, las comunidades o los saberes indígenas.
Maisa Rojas, ministra de Ambiente de Chile, dijo que en este país ya habían puesto su cuota de “zonas de sacrificio”, por lo que ahora no solo hablan de transiciones justas, sino socioecológicas justas. “Necesitamos un proceso de transformación y adaptación de los sistemas socioculturales hacia uno que venga con un equilibrio con el ecosistema y que atienda temas de derechos humanos, igualdad de género y trabajo decente”. Una visión que es respaldada por Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, quien cree que en la región puede darse una narrativa de solución a través de las energías renovables. “Lo importante es que esto se vuelva una industria en la región y no se limite a que sean simples exportadores”, aclaró.
Mientras, otros países, como Trinidad y Tobago, expresaron el desafío que implica la transición energética. “Somos un país donde la economía depende del petróleo y el gas, por lo que la transición energética de por sí es una meta crítica”, dijo Kishan Kumarsingh, representante del Ministerio de Ambiente de este país.
Indígenas y jóvenes denuncian poca participación
Aunque en los espacios oficiales poco se habló sobre lo que sucedía en Panamá, tanto los pueblos indígenas como el movimiento de jóvenes que asistieron a la Semana del Clima no tuvieron miedo en elevar sus voces. Durante las ruedas de prensa que realizaron, cada uno por su lado, ambos manifestaron solidaridad con el pueblo panameño. Incluso, el Movimiento de Jóvenes por el Clima (Youngo por sus siglas en inglés) y la Conferencia Regional de Jóvenes para América Latina y el Caribe denunciaron que a un grupo de activistas panameños que habían participado de las manifestaciones se les canceló la acreditación días antes de la Semana del Clima.
“Es natural que, como juventudes, nos manifestemos ante estas injusticias con nuestro futuro. Sin embargo, se nos ha criminalizado y se nos niega el acceso a estos espacios de diplomacia regional por manifestarnos pacíficamente en un país supuestamente libre”, comentó Genaro Godoy González de Youngo.
Pero esta no fue la única denuncia que se dio durante el evento. Un grupo de líderes de pueblos indígenas de América Latina y el Caribe afirmó que “una vez más no se han abierto espacios de participación activa y efectiva en la mesa con los Gobiernos”. Ellos también se unieron al llamado de reformar el sistema financiero global, haciendo énfasis en que solo el 1% de los fondos climáticos mundiales llegan a los pueblos indígenas.
Por esto, y ante lo que sucederá en la COP28, no solo pidieron que en la Conferencia en Dubái sí se les dé participación efectiva, sino que los acuerdos de cambio climático sean elaborados en lenguas indígenas, que los pueblos sean integrados como parte del comité de monitoreo que trabaja alrededor de la agricultura y, entre otras cosas, “incluir y reconocer los sistemas de conocimientos de los pueblos indígenas, que son la base para la solución a la actual crisis climática”, en la COP28.
“Los Gobiernos propios de los pueblos indígenas deben ser respetados a través de su participación activa y efectiva en los procesos de toma de decisión y en las políticas públicas que impulsen los Gobiernos nacionales, el sistema multilateral de Naciones Unidas y otros organismos internacionales”, concluyó Iniquilipi Chiari, indígena del pueblo Guna de Panamá, vocero y cofundador de TV Indígena.
