Tegucigalpa – La crisis electoral en Guatemala ha desatado una ola de repudios internacionales, con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al frente, instando a las instituciones del país a respetar los derechos del pueblo.
En un comunicado emitido el pasado sábado, Guterres expresó su «gran preocupación» por las tensiones electorales que surgieron tras la primera ronda de votaciones el 25 de junio. El funcionario de la ONU resaltó la responsabilidad de los Estados miembros de garantizar elecciones transparentes, libres y justas, libres de intimidación y coerción.
El Secretario General enfatizó que los ciudadanos tienen derecho a votar en elecciones genuinas y periódicas que aseguren la libre expresión de su voluntad. Esta condena se produce en medio de las maniobras del Ejecutivo guatemalteco, dirigido por Alejandro Giammattei, para inhabilitar al partido opositor Semilla y a su candidato Bernardo Arévalo de León, de cara al balotaje del 20 de agosto, en el que competirán contra la ex primera dama Sandra Torres.
El Ministerio Público, como parte de la estrategia del Ejecutivo, ha llevado a cabo allanamientos e investigaciones por causas penales contra el Movimiento y el Tribunal Supremo Electoral, lo que algunos consideran una persecución política, mientras que el Gobierno lo defiende como su «deber de determinar la posible comisión de un delito y sus responsables, conforme a sus acciones legales y el mandato constitucional».
La nota de la ONU subrayó que los votantes deben estar protegidos de cualquier forma de coerción e interferencia ilícita o arbitraria en el proceso de votación, y que las instituciones electorales deben poder llevar a cabo su trabajo de manera independiente.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también se pronunció al respecto, desestimando fraude o irregularidades durante su misión electoral en el país en junio. La OEA advirtió sobre la persecución política a funcionarios públicos y militantes de Semilla por parte del Ministerio Público y la Justicia, y señaló que esto supone un quebrantamiento de las garantías mínimas de los ciudadanos y podría constituir graves violaciones a los derechos fundamentales.
En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la «falta de independencia» del Ministerio Público y la Fiscalía y pidió evitar «injerencias indebidas» en los comicios.
Ante esta situación, la comunidad internacional hace un llamado a las autoridades guatemaltecas a garantizar un proceso electoral justo y transparente, respetando la voluntad del pueblo y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. La crisis electoral en Guatemala representa un desafío significativo para la democracia y el Estado de derecho en el país, y la atención y preocupación internacional siguen en aumento mientras el mundo observa de cerca los acontecimientos que se desarrollan en la nación centroamericana.
