La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva internacional dedicada al tráfico ilícito de basura que ha introducido unas 40.000 toneladas al año de residuos urbanos procedentes de Italia en vertederos españoles.
Por El País
Según ha informado el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) del instituto armado, la operación ha supuesto la detención de 15 personas y la investigación de siete empresas que han cobrado más de 19 millones de euros desde 2021 por deshacerse de forma ilícita de los desechos domésticos.
La operación, denominada Rifiuti, arrancó tras detectarse la entrada de residuos en España cuya documentación podría estar falsificada y que serían destinados a vertederos sin haber sido tratados previamente. Las primeras indagaciones permitieron identificar a una serie de empresas interrelacionadas y con sede en Cataluña y Castilla-La Mancha que comerciaban a grandes niveles con residuos italianos.
Se pudo verificar que decenas de camiones entraban en las instalaciones de gestión de residuos controladas por la organización pero que, en lugar de someter la carga a procesos de valorización, era redirigida directamente a vertederos. Según los cálculos del Seprona, estas cantidades de residuos urbanos de origen italiano arrojados ilegalmente en vertederos españoles han superado las 40.000 toneladas al año desde el 2021.
A pesar de que las empresas italianas eran contratadas para la gestión de residuos urbanos, estas derivaban su eliminación a España para ahorrar costes, lo que habría reportado unos ingresos millonarios a costa de la hacienda italiana. Se estima que la organización criminal habría ingresado más de 19 millones de euros en los últimos cuatro años.
Estas prácticas contravienen la legislación y los sistemas de control medioambientales, cuyo espíritu reside en el principio de proximidad y en que cada país se haga cargo de sus residuos. España no puede admitir la entrada de este tipo de residuos para su eliminación en vertederos, siendo obligación de las autoridades italianas la gestión y eliminación de residuos generados en núcleo urbano.
El procedimiento consistía en interponer una serie de empresas entre el productor italiano y el vertedero español, que simulaban diferentes tratamientos y operaciones nunca realizadas, para que, a menos a nivel documental, pareciese que todo se hacía acorde a la legislación vigente. Así se garantizaba que la autoridad de control española, la Agencia de Residuos Catalana, expidiese las preceptivas autorizaciones, esquivando todo tipo de oposición.
El resultado es que diariamente se enterraban en vertederos situados en las provincias de Tarragona y Cuenca toneladas de residuos urbanos de todo tipo provenientes de Italia, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, lo que puede generar un daño en los ecosistemas y la salud de las poblaciones colindantes.
Se han practicado cinco entradas y registros en sedes de personas jurídicas de Lleida, Constantí y Riba Roja d’Ebre (Tarragona), y Almonacid del Marquesado (Cuenca), donde se ha intervenido diverso material informático y realizado toma de muestras de los residuos trasladados, que ayudarán a continuar con el esclarecimiento de los ilícitos.
La autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de los inmuebles y cuentas bancarias pertenecientes a los investigados que forman parte del patrimonio obtenido mediante la actividad ilícita, de cara a una futura restitución del daño generado.
El tráfico de residuos, una prioridad europea
En mayo de 2021, el Consejo de la Unión Europea adoptó las prioridades en materia de lucha contra la delincuencia grave y organizada durante el ciclo 2022-2025 (EMPACT). Se adoptaron diez prioridades, entre las que se encuentra la de delitos contra el medio ambiente. Y como objetivo, el de desarticular las redes delictivas implicadas en todas las formas de delitos contra el medio ambiente, concentrándose especialmente en el tráfico de residuos y de flora y fauna salvajes. También en las redes delictivas y los empresarios con capacidad para infiltrarse en estructuras empresariales legales de alto nivel o para crear empresas propias con el fin de facilitar sus delitos.
Este tipo de delincuencia crece a un ritmo de entre el 5% y el 7% anual, siendo la cuarta actividad delictiva más importante del mundo, después del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la falsificación.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona y desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y ha contado además con el apoyo de Europol. También han participado unidades de la Guardia Civil de Lleida, Tarragona y Cuenca.
En 2021, el entonces jefe del Seprona, el general de división Clemente García Barrios, ya avanzó a EL PAÍS que esta unidad de la Guardia Civil tenía un gran reto con el tráfico internacional de basuras: “El tráfico de residuos mueve mucho dinero y será uno de los problemas más graves en los próximos años”, apuntó.
