La sentencia anula los sistemas de selección de Harvard y Carolina del Norte, aunque admite que se tomen en cuenta otros criterios de diversidad en el acceso a la enseñanza superior.
Por El País
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto fin a décadas de acción afirmativa o discriminación positiva por motivos de raza en el acceso a la universidad. En dos históricas sentencias recién publicadas, una referente a la Universidad de Harvard y otra a la de Carolina del Norte, los jueces del Supremo, de mayoría conservadora, han puesto fin a una política que tradicionalmente ha favorecido principalmente a estudiantes negros y latinos.
Las sentencias, con introducción y votos particulares, ocupan 237 páginas. El Supremo se ha dividido y la mayoría conservadora de 6 jueces a 3 ha impuesto su criterio de acabar con la discriminación positiva. “Eliminar la discriminación racial significa eliminarla en su totalidad”, dice la sentencia, firmada por el presidente del tribunal, John Roberts.
Según la sentencia, “los sistemas de admisión de los demandados, por bien intencionados que sean y aplicados de buena fe, incumplen cada uno de los criterios [exigidos para tomar la raza en consideración en las admisiones]. Por lo tanto, deben ser invalidados” en virtud de la cláusula de igualdad de la Constitución, incluida en la 14ª enmienda. Según la sentencia, “ambos sistemas carecen de objetivos suficientemente centrados y mensurables que justifiquen el uso de la raza, emplean inevitablemente la raza de forma negativa, implican estereotipos raciales y carecen de puntos finales significativos”. En la letra de la sentencia, cabría teóricamente un sistema de admisiones que tuviese en cuenta marginalmente consideraciones raciales, pero en la práctica pone fin a la acción afirmativa por raza. Sí se permite lograr diversidad por otras vías.
La jueza progresista Sonia Sotomayor ha formulado un voto particular en el que señala que la decisión “hace retroceder décadas de precedentes y progresos trascendentales” y “subvierte la garantía constitucional de igual protección al afianzar aún más la desigualdad racial en la educación, la base misma de nuestro gobierno democrático y sociedad pluralista”. En otro voto particular, la jueza Ketanji Brown Jackson, la primera mujer afroamericana que accedió al Supremo, es aún más contundente: “Es una verdadera tragedia para todos nosotros”. Jackson se ha abstenido en el caso de Harvard porque trabajó para dicha universidad.
El promotor de los recursos ha sido Edward Blum, fundador de Estudiantes por Admisiones Justas (SFFA por sus siglas en inglés), activista obsesionado en combatir la discriminación positiva, que considera que perjudica a los estudiantes blancos y asiáticoamericanos. La sentencia le da la razón: “Las admisiones universitarias son un juego de suma cero. Una ventaja otorgada a algunos solicitantes, pero no a otros, beneficia necesariamente al primer grupo a expensas del segundo”.
El juez Roberts se esfuerza en desmontar los argumentos de las universidades: “Los demandados también sugieren que la raza no es un factor negativo porque no influye en muchas decisiones de admisión. (…) Sin embargo, al mismo tiempo, los demandados también sostienen que la composición de sus clases cambiaría significativamente si se suprimieran las admisiones basadas en la raza. Y reconocen que la raza es determinante para al menos algunos —si no muchos— de los estudiantes que admiten. (…). ¿De qué otro modo puede describirse [el efecto de] la raza que no sea ‘negativo’ si, en su ausencia, los miembros de algunos grupos raciales serían admitidos en mayor número?”, se pregunta, para citar a continuación un precedente: “La igual protección de las leyes no se consigue mediante la imposición indiscriminada de desigualdades”.
Blum lleva años batallando. Impugnó en paralelo los sistemas de admisiones de la Universidad de Harvard y de la de Carolina del Norte. Unos y otros expusieron sus posiciones ante el tribunal en octubre pasado. Las partes mostraron ante los jueces su diferente interpretación de la célebre decisión unánime en el caso de Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, con la que el Supremo acabó con la segregación racial en las escuelas de Estados Unidos, considerada por muchos como la sentencia más destacada en la historia del tribunal.
Las dos universidades y, en general, los defensores de la acción afirmativa defendieron que la sentencia de Brown promovía la igualdad de oportunidades en sentido amplio y que, por tanto, favorece a las minorías y permite compensar las dificultades que se derivan del racismo estructural que les pone en inferioridad de condiciones. La SFFA, en cambio, se basó en la misma sentencia para argumentar que los procesos de admisión deben ser ciegos ante las consideraciones raciales y que tomar en cuenta la raza para discriminar positivamente a unos grupos tiene como reverso discriminar negativamente a otros, violando así el derecho a la igualdad que consagra la Constitución de Estados Unidos.
El Tribunal Supremo se manifestó sobre este asunto en el pasado, por primera vez con el caso Universidad de California contra Bakke, en 1978. Su doctrina parecía bastante asentada desde la sentencia Grutter contra Bollinger de 2003, relativa a la Universidad de Michigan, que se resolvió por cinco votos a cuatro, en un tribunal que entonces tenía mayoría progresista. Su tesis hasta ahora era que las universidades no pueden establecer cuotas por raza, pero sí tomar en cuenta consideraciones raciales junto a otras para favorecer la diversidad y la igualdad de oportunidades. Ese criterio se reafirmó por última vez en la sentencia de Fisher contra la Universidad de Texas, de 2016.
De los jueces de 2003, solo sigue en el Supremo el conservador Clarence Thomas, que quedó en minoría, rechazando la sentencia. En 2016, tanto Thomas como los también conservadores Samuel Alito y el presidente del tribunal, John Roberts, dijeron que la sentencia era “notablemente errónea”. Criticaban que la Universidad de Texas justificase “la discriminación racial sistemática simplemente afirmando que dicha discriminación es necesaria para lograr ‘los beneficios educativos de la diversidad’, sin explicar —y mucho menos probar— por qué es necesaria la discriminación o cómo el plan discriminatorio está bien diseñado para servir a sus objetivos”, y señalaban la “alternativa más obvia de neutralidad racial: una revisión holística, sin distinción de raza, que tenga en cuenta las características únicas del solicitante y sus circunstancias personales”. Thomas, Roberts y Alito quedaron en minoría, pero ahora forman parte de la mayoría conservadora.
Roberts escribió en una sentencia de 2006, relativa a la distribución de alumnos en los colegios por criterios raciales, que “la mejor forma de parar la discriminación por motivos de raza es dejar de discriminar por motivos de raza”.
“Este tribunal debería anular Grutter”, sostuvo en la vista el abogado de la SFFA. “Su opinión de que los beneficios educativos de la diversidad justifican las clasificaciones raciales contradice la garantía de igualdad de trato de la 14ª enmienda”, añadió. En su opinión, ese precedente también crea muchos efectos negativos. “Algunos solicitantes se ven incentivados a ocultar su raza. Otros que fueron admitidos por sus méritos ven disminuidos sus logros por la suposición de que su raza desempeñó un papel”, afirmó. Los jueces le dan ahora la razón.
“Al aceptar programas de admisión basados en la raza en los que algunos estudiantes pueden obtener preferencias basándose únicamente en la raza, los programas de los demandados toleran precisamente lo que Grutter prohibió: los estereotipos. El objetivo de los programas de admisión de los demandados es que existe un beneficio inherente a la raza en sí misma: la raza por la raza. Los encuestados lo admiten. El proceso de admisión de Harvard se basa en el pernicioso estereotipo de que ‘un estudiante negro normalmente puede aportar algo que un blanco no puede ofrecer”, dice la sentencia.
