Tegucigalpa – Este jueves, un juez con jurisdicción nacional otorgó medidas sustitutivas a la prisión a tres exmagistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, quienes enfrentan cargos por el presunto delito de prevaricato judicial.
Los exfuncionarios son acusados de haber favorecido ilegalmente a instituciones bancarias en una sentencia emitida en 2022.
Los imputados, identificados como Reynaldo Hernández, Wilfredo Méndez y Rina Alvarado, lograron evitar la detención preventiva al presentar elevadas cauciones económicas. Según informó la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, Wilfredo Méndez y Rina Alvarado depositaron cada uno cinco millones de lempiras, mientras que Reynaldo Hernández entregó una caución de diez millones de lempiras.
La audiencia preliminar ha sido programada para el martes 12 de noviembre a las 9:00 de la mañana. En esta sesión, se continuarán analizando las acusaciones en contra de los exmagistrados, quienes han sido señalados por supuestas irregularidades en sus funciones desde el año 2016.
Antecedentes del caso
La investigación se remonta a febrero de 2016, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó remitir un expediente relacionado con recursos de casación a la nueva Sala de lo Civil. Sin embargo, se alega que Reynaldo Hernández habría influido para que su sala mantuviera el control del caso, lo que podría indicar un posible interés personal en el mismo.
El proceso culminó el 22 de marzo de 2022, cuando los magistrados Hernández, Méndez y Alvarado emitieron una sentencia unánime que benefició a las entidades bancarias demandadas. Estas instituciones enfrentaban una reclamación por parte de una empresa privada por un monto de 159,810.30 millones de dólares. La decisión generó cuestionamientos sobre la imparcialidad del fallo y levantó sospechas de prevaricato judicial.
Medidas sustitutivas y restricciones
Las medidas sustitutivas otorgadas a los exmagistrados están contempladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal. Entre las condiciones impuestas por el juez se incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la secretaría del juzgado correspondiente.
Implicaciones y reacciones
Este caso ha generado debate en el ámbito judicial y en la opinión pública hondureña, planteando interrogantes sobre la integridad y transparencia en el sistema de justicia. Organizaciones de la sociedad civil y expertos legales han manifestado la importancia de llevar a cabo un proceso judicial riguroso que garantice el debido proceso y la aplicación imparcial de la ley.
Se espera que en la próxima audiencia preliminar se presenten más detalles y evidencias sobre las acusaciones, lo que permitirá al tribunal determinar los pasos a seguir en este proceso legal. Mientras tanto, los exmagistrados deberán cumplir con las medidas impuestas y permanecer a disposición de las autoridades judiciales.
Contexto general
La acusación de prevaricato judicial es una señal de alerta sobre posibles fallas en la administración de justicia en Honduras. El seguimiento de este caso será crucial para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y asegurar que los funcionarios públicos actúen con integridad y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
