La comisión llegó a estas conclusiones tras efectuar últimamente 16 visitas a Ucrania y entrevistar a 422 mujeres y 394 hombres.
“Nuevos elementos de prueba refuerzan las conclusiones precedentes de la Comisión, según las cuales el recurso de las autoridades rusas a la tortura en Ucrania y en la Federación Rusa es generalizado y sistemático“, añaden.
El nuevo informe, publicado este viernes, detalla así “el trato horrible” infligido a prisioneros de guerra ucranianos en centros de detención en Rusia.
También documenta “violaciones y otros actos violentos sexuales infligidos a mujeres en circunstancias que pueden calificarse de tortura“.
Asimismo, la investigación permitió “encontrar pruebas suplementarias del traslado ilegal de niños a zonas bajo control ruso“.
En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió precisamente una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada para la infancia, Maria Lvova-Belova, por presunta “deportación ilegal” de menores. Moscú respondió que considera “nula” dicha iniciativa.
En paralelo, el informe apunta a vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades ucranianas contra personas sospechosas de colaboración con Rusia.
Por primera vez, los investigadores analizaron en el informe de este viernes la suerte de los objetos culturales y archivos en los territorios ocupados por Rusia, y se interesaron en especial por la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania.
“Las autoridades rusas trasladaron objetos culturales del Museo de Arte regional de Jersón y archivos” provinciales a Crimea, una península del sur de Ucrania anexionada por Moscú en 2014.
“Según las estimaciones del personal de ambas instituciones, más de 10.000 objetos del museo y el 70% de los documentos del edificio principal de los archivos estatales fueron retirados“, detalla el informe.
Según los investigadores, las autoridades de ocupación han cometido un crimen de guerra al apoderarse de bienes ucranianos, en particular por medio de una ley adoptada en marzo de 2023 que estipula que dichos bienes y archivos confiscados pertenecen ahora a Rusia.
