Tegucigalpa – El reciente informe «Conflictividad 2023: Gobierno Ingobernable» publicado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASI), revela un preocupante panorama de conflictos sociales en Honduras, vinculados principalmente a la lucha de poder político y deficiencias institucionales.
Según el estudio, durante el segundo año del gobierno de Xiomara Castro, se registraron 482 conflictos sociales que contribuyen a explicar los altos índices de violencia y pobreza en el país.
El informe, desarrollado por el capítulo hondureño de Transparencia Internacional, destaca que estos conflictos son una de las causas directas detrás de los 8.3 homicidios diarios registrados en promedio durante 2023.
Además, un alarmante 64% de los hogares en Honduras continúa viviendo en condiciones de pobreza, y cerca de 234,800 hondureños fueron detenidos tratando de cruzar la frontera sur de los Estados Unidos el pasado año.
El análisis profundiza en la naturaleza de los conflictos, indicando que el 60% de ellos (292 conflictos) están relacionados con la fragilidad del estado de derecho, incluyendo enfrentamientos violentos entre ciudadanos y fuerzas del orden, masacres, y asesinatos de campesinos.
Estos datos subrayan serias deficiencias en el respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado.
Por otro lado, un 19% de los conflictos (94 en total) reflejan la insatisfacción ciudadana con la respuesta del Estado frente a necesidades básicas, manifestándose en tomas de carreteras y demandas por mejor infraestructura vial y servicios médicos.
Además, 76 conflictos políticos representan el 15% del total, evidenciando una creciente tensión política, especialmente notoria durante la segunda mitad del año en el Congreso Nacional.
El informe señala que la mayoría de estos conflictos se concentraron en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, con un aumento notable de incidentes desde 2021 impulsados por la activismo del Partido Libertad y Refundación (Libre), que han pasado de representar el 5% de los conflictos en 2021 al 21% en 2023.
Frente a esta situación, ASJ insta al gobierno y a los líderes del país a promover el diálogo y la cohesión social como medidas para construir políticas y estrategias realistas que respeten y garanticen los derechos humanos.
Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de ASJ, enfatiza la necesidad de enfocarse en la creación de soluciones y en fomentar la paz social, dejando de lado el uso del conflicto y la retórica divisiva para lograr una sociedad más justa y pacífica.
