Tegucigalpa – La designación del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público en Honduras ha generado una intensa disputa en el escenario político, polarizando las opiniones y deteniendo el progreso legislativo.
Entre los cinco aspirantes que han alcanzado la fase final, la figura de Johel Antonio Zelaya Álvarez se ha destacado como un contendiente prominente, según lo afirmado por el secretario general del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.
Al abordar las consultas de los periodistas en torno a la posibilidad de que el Partido Libre ceda en su propuesta nominativa, el secretario general del Poder Legislativo enfatizó la importancia de nombrar a Zelaya en beneficio del país.
Johel Zelaya, un abogado y notario con una notable trayectoria legal de 21 años, ha emergido como la opción preferida del partido de gobierno para asumir este cargo crucial.
A pesar del respaldo contundente del partido en el poder, la falta de apoyo de los partidos de oposición ha generado un estancamiento en las deliberaciones legislativas, creando una división palpable entre las fuerzas políticas.
Aunque el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, recientemente anunció un posible consenso en torno a este tema y la pronta elección del Fiscal General y su Adjunto, las últimas declaraciones del secretario general han avivado la controversia, dejando en evidencia la persistente falta de acuerdos y la parálisis política en el país.
El desacuerdo entre las facciones políticas parece inamovible, ya que tanto el partido de gobierno como la oposición se mantienen firmes en sus respectivas posturas.
A medida que se prolonga la incertidumbre en torno a la elección del Fiscal General, se observa un estancamiento aún mayor en el proceso legislativo, planteando desafíos considerables para el funcionamiento efectivo de las instituciones gubernamentales.
El secretario del Congreso Nacional reiteró su negativa a respaldar una tercera opción, subrayando su preferencia por la designación directa del Fiscal General y su Adjunto de acuerdo con los procedimientos constitucionales establecidos.
Aunque el plazo para la elección de estas figuras clave venció el 1 de septiembre, la persistente falta de consenso y la escalada de tensiones políticas sugieren que el proceso de selección está lejos de alcanzar una resolución pacífica y efectiva.
