Miami. – Una jueza federal de Los Ángeles bloqueó este viernes las regulaciones de la administración federal que le habrían permitido detener a familias migrantes de manera indefinida, una medida con la cual buscan desalentar a quienes se entregan en la frontera para pedir asilo, informó Univision.
En el centro del debate está el acuerdo Flores, que desde 1997 le impone al gobierno un plazo de hasta 20 días para liberar a un menor de edad que se encuentra en un centro de detención.
Ese límite es el que trata de eliminar el presidente Donald Trump, quien lo ha tachado de ser un “vacío legal” que ha permitido que sigan llegando cientos de centroamericanos y mexicanos a solicitar refugio.
“El acuerdo sigue vigente”, escribió la jueza Dolly M. Gee, quien emitió el mandato este viernes, tras escuchar los argumentos de los abogados de la Fiscalía federal y de los defensores de los inmigrantes.
“Los acusados (la administración federal) no pueden simplemente ignorar los dictados del decreto de consentimiento simplemente porque ya no están de acuerdo con su enfoque como una cuestión de política”, agregó la magistrada.
Se espera que la Fiscalía federal apele la decisión de la jueza Gee. La dependencia advirtió este viernes que seguirá trabajando para “restaurar la integridad de nuestro sistema de inmigración”.
“El Departamento de Justicia está decepcionado de que el tribunal continúe imponiendo el obsoleto acuerdo Flores incluso después de que el gobierno haya hecho exactamente lo que el acuerdo requería: emitir una norma integral que proteja a los niños vulnerables, mantenga la unidad familiar y garantice el debido proceso para aquellos en espera de una respuesta en sus reclamos de inmigración “, dijo un portavoz de la Fiscalía citado por el diario The Washington Post.
El gobierno de Trump cree que el acuerdo Flores interfiere con la aplicación de las leyes migratorias, al permitir que padres, incluso extraños, se presenten en la frontera con menores sabiendo que no pueden estar detenidos más de 20 días. Reclaman que los niños son usados como un “pase de entrada” a EEUU.
Pero varios fiscales estatales, incluyendo al californiano Xavier Becerra, han criticado la iniciativa de Trump.
Este debate continúa mientras han aumentado las detenciones en la frontera suroeste. Más de 457 familias han sido detenidas por agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP) en lo que va del año fiscal.
La defensa de Gee
La jueza Gee ha librado una batalla legal en defensa del cumplimento del Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe la privación de libertad de menores de edad en centros de detención del gobierno federal.
El 24 de julio y el 21 de agosto de 2015 Gee ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner en libertad a niños y mujeres detenidos en centros familiares habilitados en 2014 tras la crisis reconocida en junio de ese año por la Casa Blanca de Barack Obama, cuando iban más de 46,000 arrestos de niños no acompañados por parte de la Patrulla Fronteriza y un número similar de unidades familiares.
A finales de septiembre de ese año la cifra superó los 68,000. El gobierno liberó a más del 95% de las familias detenidas con una orden para presentarse ante una corte de inmigración y que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en el país. El resto permaneció en centros de detención habilitados por ICE para disuadir a otros migrantes que hicieran el viaje en busaca de asilo.
Los Menores No Acompañados (UAC) fueron entregados bajo la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
Tres años más tarde, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, solicitó a la corte presidida por Gee, como parte de la implementación de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, que deje sin efecto el Acuerdo Judicial para que permitiera la detención de familias migrantes y menores por tiempo indefinido.
La jueza denegó el pedido y describió la solicitud como “un intento cínico” de deshacer un añejo acuerdo judicial. Y dijo además que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de menores que cruzaron la frontera de manera sin documentos en busca de asilo.
Sessions pidió a Gee alterar el acuerdo de 1997 después de que Trump diera marcha atrás marcha atrás a supolítica de ‘tolerancia cero’, que causó indignación cuando los niños pequeños eran separados forzosamente de sus padres tras levantarles a estos cargos criminales por ingreso ilegal al país, siendo que la presencia indocumentada sigue siendo una falta de carácter civil.
Fallo en julio
El pasado 1 de julio Gee ordenó al gobierno de Trump que permita el ingreso de médicos a los centros de detención de la Patrulla Fronteriza (CBP) parta evaluar el estado de salud de los miles de menores que transitan por esas dependencias tras pedir asilo en la frontera entre México y Estados Unidos.
En el fallo, la jueza, una firme defensora del cumplimiento del Acuerdo Judicial Flores de 1997 ordenó un mediador independiente, nombrado el año pasado, para que gestione rápidamente un plan para mejorar la salud y el saneamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Texas.
Partes de las denuncias han sido reportadas por Univision Noticias en dos publicaciones hasta ahora, una el1 de junio y laotra el26 de junio, con una veintena de cartas inéditas escritasde puño y letra por menores que estuvieron en dichos centros y ahora denuncian malos tratos, condiciones de hacinamiento, detenciones más allá del plazo de 72 horas permitido por la ley yque no los dejaban bañarse ni cepillarse los dientes.
A principios de abril Trump viajó a la frontera donde se reunió con funcionarios del CBP y dio una conferencia de prensa. Sin saber exactamente de qué hablaba, el presidente criticó durante un discurso el Acuerdo Flores de 1997. “La decisión de Flores es un desastre. Juez Flores, quienquiera que seas, esa decisión es un desastre para nuestro país”, dijo equivocadamente el presidente.
Flores era, en realidad, una salvadoreña de 15 años detenida en la frontera en 1985. Ninguno de los asistentes al encuentro, ni asesores de Trump, lo interrumpieron para corregir el error. El acuerdo fue alcanzado durante el gobierno de Bill Clinton.
El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.
La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a “terceros” mayores de edad.
