Tegucigalpa – El estado de emergencia, actualmente en más de 150 ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, cuestiona si se implementará y cuándo en otras ciudades del país con altos índices de criminalidad, dijo la policía nacional.
El jefe de la Policía Nacional, comisario general Gustavo Sánchez, anunció que tiene previsto solicitar al Ejecutivo la prórroga del estado de excepción exigido por el Consejo de Ministros de la presidenta Xiomara Castro para combatir la extorsión, la delincuencia y otros delitos.
El estado de emergencia entró en vigor el 6 de diciembre. y es válido hasta el 06.01.2023. Durante ese tiempo, la policía y los organismos encargados de hacer cumplir la ley toman medidas contra las pandillas y el crimen organizado.
Pero los jerarcas policiales anunciaron que pretenden pedir una prórroga de la orden más allá del 01.06.2023, para que tengan medios legales para luchar contra los delincuentes.
“De acuerdo a nuestra planificación y análisis, ya lo hemos considerado y podemos pedir al poder ejecutivo ampliar el tiempo y las ciudades”, dijo el comisionado general Sánchez en declaraciones a la emisora América Multimedios.
El jefe de policía dijo que las medidas de emergencia deben extenderse a las ciudades con más violencia y crimen, generalmente las ciudades más pobladas.
De hecho, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, solicitó este domingo que las principales ciudades de Olancho, Juticalpa y Catacamas sean agregadas a la lista de ciudades que deben ser declaradas en estado de emergencia.
Agregó que el Congreso Nacional tiene la opción de extender el estado de emergencia a otras ciudades hondureñas, siendo Catacamas una de ellas por estar entre las cuatro ciudades con mayor índice de criminalidad.
“Con la propuesta de ampliación, pedimos que se sume a un programa que muestra buenos resultados en el combate a la delincuencia, y es importante que se mantengan las estrategias”, enfatizó el secretario del Poder Legislativo.
El Congreso Nacional debe ratificar el decreto de emergencia en los próximos días, debido a que varias garantías constitucionales han sido suspendidas.
La máxima jerarquía de la comisaría destacó que más de un centenar de personas han sido detenidas y más de una veintena de grupos delictivos han sido desmantelados, más de 55 kilogramos de cocaína, marihuana y dinero han sido decomisados de los operativos hasta la fecha. .
En este sentido, la comisión consideró que el estado de excepción es una medida adecuada y eficaz que solo afecta a las estructuras delictivas, por lo que se estima que más del 99% de la población no se verá afectada por ninguna actividad relacionada.
También enfatizó que “lo que al principio se veía con mucho temor, ahora es mucha esperanza y satisfacción, porque el ciudadano común, el ciudadano honesto y común, no se ve afectado de ninguna manera”.
Aunque organismos internacionales como Naciones Unidas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y activistas como el sacerdote Ismael Moreno han advertido que se puede abusar del estado de emergencia y violar las garantías constitucionales de los ciudadanos.
