Tegucigalpa – En un momento crucial para las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos, el magistrado de la Sala de lo Penal, Mario Díaz, ha sugerido que todavía existe margen para reconsiderar el futuro del tratado de extradición antes de su vencimiento. Esta declaración llega en medio de tensiones diplomáticas y preocupaciones sobre el impacto que tendría la terminación del acuerdo en la lucha contra el crimen organizado.
El magistrado enfatizó que, aunque el tratado está próximo a expirar, «todavía hay posibilidad que se pudiera reingresar a un nuevo tipo de discusión o negociación con el gobierno norteamericano». Sin embargo, aclaró que esta decisión recae exclusivamente en los poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras que el papel del Poder Judicial se limita a la ejecución de los procesos en los juzgados.
La posible terminación del tratado, vigente desde 1928 y aplicado a ciudadanos hondureños desde la reforma constitucional de 2012, marca un punto de inflexión en la cooperación judicial entre ambos países. El acuerdo ha sido fundamental en la lucha contra el narcotráfico, facilitando la captura de importantes figuras criminales y contribuyendo a la reducción de los índices de violencia en Honduras.
La decisión de no renovar el tratado fue anunciada por la presidenta Xiomara Castro en agosto de 2024, tras la controversia generada por un «narcovideo» que involucraba a su cuñado, Carlos Zelaya, en negociaciones con narcotraficantes durante la campaña electoral de 2013. El gobierno justificó la medida argumentando preocupaciones sobre el uso político de las extradiciones y tensiones diplomáticas relacionadas con una reunión entre autoridades militares hondureñas y venezolanas.
El canciller hondureño ha indicado que, aunque no hay acercamientos actuales para renovar el tratado, el gobierno mantiene canales de comunicación abiertos con Estados Unidos, centrándose principalmente en temas migratorios, que constituyen una prioridad tanto para la administración Trump como para el gobierno de Castro.
Este posible fin del tratado de extradición podría marcar un retroceso significativo en la lucha contra el crimen organizado en Honduras, país que había logrado importantes avances en el combate al narcotráfico gracias a este mecanismo de cooperación internacional.
