Tegucigalpa. – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló este viernes que el paro de labores de fiscales y médicos forenses en Honduras ha generado «graves limitaciones» en el acceso a la justicia e instó a todos a todos actores a buscar una solución a la crisis.
Mediante un comunicado, la OACNUDH expresó «su preocupación» por el impacto que tiene la protesta de fiscales y médicos forenses sobre la disponibilidad de los servicios de justicia para la población.
«Dicho conflicto ha generado graves limitaciones para el acceso de las víctimas de delitos a una investigación y persecución penal pronta y efectiva, afectando el goce de los derechos a la justicia, verdad y reparación, especialmente para las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad», subrayó.
Fiscales y médicos forenses mantienen un paro de labores desde hace siete semanas para exigir un 15 por ciento de aumento salarial, para lo que el Ministerio Público requiere 582 millones de lempiras (unos 23.7 millones de dólares).
Ante el riesgo de afectación al acceso a la justicia y los derechos de las víctimas, la OACNUDH hizo un llamado a todos los actores involucrados a «dialogar de manera pronta y efectiva para restablecer la plena funcionalidad de la institución».
Destacó además que los fiscales desempeñan «un papel fundamental en la administración de justicia» y, por ello, el Estado de Honduras debe establecer «condiciones razonables de servicio, incluyendo una remuneración adecuada, seguridad y recursos técnicos y materiales suficientes».
El Ministerio Público, según la OACNUH, es un componente «esencial» del sistema de justicia penal y un «pilar fundamental de salvaguarda» del Estado de derecho.
Considera que el Estado de Honduras debe procurar, bajo cualquier circunstancia, el fortalecimiento del Ministerio Público, garantizando su estabilidad e independencia.
La Asociación de Fiscales de Honduras pidió este viernes a todos los empleados del Ministerio Público «mantener la toma pacífica de edificios, a no confrontar, pero de igual forma a no realizar ningún tipo de actividad laboral, exceptuando el trabajo de detenidos en flagrancia y audiencias de término».
