Polonia propuso el martes una salida al artículo 7, el procedimiento especial de la Unión Europea para corregir las violaciones del Estado de Derecho.
Por Euronews
El «plan de acción», presentado por el ministro de Justicia Adam Bodnar durante una reunión de ministros de Asuntos Europeos en Bruselas, consta de nueve proyectos de ley destinados a restablecer la independencia judicial desde el más alto tribunal del país hasta los tribunales más ordinarios.
La propuesta forma parte del reajuste diplomático que el Primer Ministro Donald Tusk ha encabezado desde que asumió el cargo en diciembre.
«Si Polonia queda fuera de este procedimiento, significará que somos más fuertes como Estado miembro, que podremos influir más en la marcha de la integración europea y que tendremos más poder para apoyar las ideas y proyectos que nos gustaría poner en práctica en la UE», declaró Bodnar a la prensa el martes por la mañana.
Bodnar, que describió la reunión como celebrada en un «buen ambiente», espera que la introducción del «plan de acción» y el levantamiento del artículo 7 puedan producirse antes de que finalice la Presidencia belga del Consejo de la UE, prevista hasta finales de junio. Lo ideal sería que esto se produjera antes del 1 de mayo, vigésimo aniversario de la adhesión de Polonia al bloque.
«Como Presidencia, obviamente acogemos con satisfacción esta dinámica tan positiva y nos mantendremos prudentes para garantizar que estos proyectos de reforma se voten y se lleven a cabo con éxito», declaró Hadja Lahbib, Ministra belga de Asuntos Exteriores, que intervino junto a Bodnar.
Los comisarios europeos Věra Jourová (Valores y Transparencia) y Didier Reynders (Justicia) se mostraron igualmente positivos, alabando la hoja de ruta como «realista» e «impresionante», pero advirtiendo de que la evaluación final del Ejecutivo dependerá de cómo las leyes aborden la «amplia lista de incumplimientos» y las «cuestiones problemáticas. «El plan de acción es un paso en la dirección que podría llevar al cierre del artículo 7. La Comisión seguirá siendo constructiva. Mantendremos un diálogo intenso».
Polonia, castigada bajo el Artículo 7 desde 2017
Polonia está bajo el Artículo 7 desde 2017 debido a las violaciones sistemáticas de los valores fundamentales y la continua erosión de la independencia judicial. El procedimiento obliga al país a comparecer en audiencias periódicas ante los demás Estados miembros y dar cuenta de la progresión -o, en este caso, regresión- del Estado de derecho.
Sólo Polonia y Hungría se han visto sometidas al artículo 7, a menudo denominado la «opción nuclear» de los Tratados de la UE porque, en su última fase, puede privar a un país de su derecho de voto. (Este paso radical nunca se ha dado).
El enfrentamiento entre Varsovia y Bruselas tiene su origen en los profundos cambios introducidos durante los ocho años de gobierno del partido Ley y Justicia (PiS), que reordenaron las relaciones entre los tribunales, ampliaron la influencia política sobre el poder judicial, debilitaron la separación de poderes y socavaron la aplicación de la legislación de la UE.
Una reforma muy controvertida que facultaba a la sala disciplinaria del Tribunal Supremo para sancionar a los magistrados en función del contenido de sus veredictos fue el centro de la prolongada disputa. La reforma supuso una multa de un millón de euros diarios hasta que fue anulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en junio del año pasado.
El inminente veto de Duda
Al llegar al poder, el Primer Ministro Tusk actuó con decisión para deshacer los efectos más perjudiciales del anterior gabinete, presentando legislación para revertir su legado y eliminando a los leales al PiS de los puestos clave. La rapidez de los cambios levantó ampollas y desencadenó un enfrentamiento con el Presidente Andrzej Duda, políticamente afín al PiS.
Dada su prerrogativa, Duda tendrá que firmar los proyectos de ley contenidos en el «plan de acción» tras su aprobación en el Parlamento. El veto de Duda, que ya ha ejercido en el pasado, podría obstaculizar el ambicioso calendario previsto por el nuevo gobierno, advierte Piotr Buras, investigador principal del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).
«Sigue siendo una incógnita si el presidente, Andrzej Duda, que es claramente un partidario político de la actual oposición (Ley y Justicia), estará dispuesto a firmar todos estos proyectos de ley», dijo Buras a ‘Euronews’ en una entrevista.
En caso de que se produzca este bloqueo, añadió Buras, corresponderá a la Comisión y a los Estados miembros evaluar si la determinación de hacer cumplir la hoja de ruta propuesta es una razón suficientemente fuerte en sí misma para poner fin al artículo 7. Si el «plan de acción» de Polonia no está en marcha al final de la Presidencia belga, el debate pasará al siguiente titular, Hungría, otro posible obstáculo.
Más allá del levantamiento del artículo 7, el Gobierno de Tusk también pretende desbloquear 76.500 millones de euros en fondos de cohesión y acceder plenamente a su plan de recuperación COVID-19, compuesto por 34.500 millones en préstamos a bajo interés y 25.300 millones en subvenciones. Aunque los procedimientos son distintos, la congelación de los fondos se debe principalmente a la erosión de la independencia judicial.
