Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, generó un debate acalorado al defender la sanción del decreto de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF), a pesar de la controversia suscitada durante la votación.
A pesar de que el acta que contenía esta determinación fue rechazada por 71 votos en contra y solo 55 a favor, además de dos abstenciones, Redondo argumentó que el proceso se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos legales establecidos.
Con base en el artículo 214 de la Constitución, Redondo explicó que un proyecto de ley se vota definitivamente después de tres días de debates en diferentes sesiones.
En el caso del proyecto de ley de adhesión a la CAF, aseguró que se cumplió con este requisito y que la votación favorable de 66 diputados fue definitiva y no puede ser cambiada o modificada.
A pesar de las afirmaciones del presidente del Congreso, varios sectores de la sociedad expresaron su descontento y desconfianza hacia el proceso de selección.
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, afirmó que se había alcanzado un acuerdo entre los tres partidos políticos mayoritarios para elegir al próximo Fiscal, lo que generó preocupaciones sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso.
El ex postulante Alejandro Alvarenga, quien decidió retirarse del proceso, también manifestó su desconfianza, señalando que todo estaba amañado y que la clase política ya había acordado quiénes serían los próximos fiscales.
A pesar de las críticas y la controversia, los miembros de la Junta Proponente continuaron desempeñando su trabajo asignado para seleccionar la lista final de los cinco candidatos al Legislativo, quienes serán elegidos como las próximas autoridades del Ministerio Público (MP).
El debate sobre la adhesión a la CAF ha dejado en evidencia las tensiones políticas y las preocupaciones sobre la transparencia en los procesos de selección en Honduras.
La sociedad espera que las autoridades actúen de manera imparcial y en beneficio del país, garantizando la independencia y la eficiencia del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
