Tegucigalpa – La tensión política en Honduras alcanzó un nuevo nivel cuando diversos sectores respondieron enérgicamente a las declaraciones del diputado Netzer Mejía, del partido Libertad y Refundación (Libre), quien vinculó la aprobación del Presupuesto General 2025 con la viabilidad de las próximas elecciones.
Nasry Asfura, precandidato presidencial del Partido Nacional, enfatizó la importancia de defender la democracia y la libertad, rechazando lo que considera intentos de intimidación por parte del oficialismo. «Si yo tengo un criterio distinto, ¿por qué te voy a amenazar?», cuestionó Asfura, defendiendo el derecho a la diversidad de opiniones en el debate político.
Por su parte, el precandidato liberal Salvador Nasralla fue más contundente en su respuesta, calificando las advertencias de Mejía como «una caballada» y «una brutada». Nasralla aseguró que las elecciones primarias del 9 de marzo están garantizadas y que las cuestiones presupuestarias son «una excusa barata de ignorantes diputados».
La dimensión legal de la controversia fue abordada por Germán Lobo, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien explicó que las declaraciones del diputado oficialista podrían constituir un delito electoral.
Lobo aclaró que la Ley Electoral establece claramente dos tipos de presupuesto: uno administrativo y otro especial para las elecciones, y que el presupuesto para las primarias, de mil 400 millones de lempiras, ya fue aprobado en 2024.
La diputada Claudia Ramírez elevó el tono del debate al solicitar la intervención del Ministerio Público para investigar a quienes difunden información falsa sobre la viabilidad de las elecciones.
Para zanjar la controversia, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, confirmó que el presupuesto del CNE fue aprobado en un decreto específico que cubre todo el proceso electoral, desmintiendo así las advertencias del diputado Mejía.
Esta situación ha puesto de manifiesto la importancia de mantener la integridad del proceso democrático en Honduras, más allá de las disputas presupuestarias y políticas, recordando que la celebración de elecciones es un derecho constitucional que no puede estar sujeto a condicionamientos partidistas.
