Tegucigalpa – En el marco del estado de excepción vigente en Honduras desde diciembre de 2022, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha atendido un total de 286 quejas relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Estas denuncias revelan una serie de irregularidades preocupantes y han sido objeto de un detallado análisis por parte del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH.
El informe recopilado desde el inicio del estado de excepción hasta septiembre de 2023 ha identificado un total de 164 quejas contra agentes y oficiales de la Policía Nacional Preventiva (PNP) y la Dirección Policial de Investigación (DPI).
Además, se presentaron 87 quejas contra miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y 34 contra la Policía Militar del Orden Público.
Las denuncias abarcan una amplia gama de alegaciones, que van desde el uso desproporcionado de la fuerza durante allanamientos, hasta la detención de personas y la presencia de menores durante dichas operaciones.
Otras quejas destacan la imprecisión en la justificación de las detenciones, así como actos de violencia atribuidos a los agentes del orden. Además, se ha señalado el uso del Decreto del Estado de excepción como pretexto para justificar acciones o abusos en contra de la población.
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, subrayó la vulnerabilidad de las personas durante los allanamientos, especialmente de las mujeres, que en ocasiones se ven expuestas a situaciones de violencia y a tratos inhumanos.
Las denuncias presentadas se distribuyen en 17 departamentos del país, siendo los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, El Paraíso, Valle y Atlántida los más afectados.
A pesar de la implementación del estado de excepción, persisten los allanamientos sin orden judicial y el uso desproporcionado de la fuerza, hallazgos que plantean la necesidad de una política integral y duradera para abordar la problemática de la violencia en el país.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la situación en Honduras durante sus visitas al país, destacando la importancia de abordar de manera efectiva las violaciones a los derechos humanos y garantizar el respeto a las garantías constitucionales durante el estado de excepción.
