Tegucigalpa, Honduras – El secretario de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, afirmó este jueves que su administración ha sancionado a dos mil funcionarios policiales como parte de una estrategia para limpiar la institución de prácticas corruptas heredadas del gobierno anterior, el cual, según él, facilitaba el tráfico de drogas a través de la estructura policial.
Además, reveló que seis oficiales han sido reintegrados a la fuerza, lo que ha costado al Estado 30 millones de lempiras tras demandas relacionadas con la depuración de 2016.
En relación con el reciente asesinato de un estudiante del Instituto Jesús Milla Selva, Sánchez comentó que aunque la investigación está en curso y hay detalles que no se pueden revelar, la Fiscalía y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) están trabajando diligentemente.
«No es ningún planchón policial, son circunstancias que surgen y se están manejando de manera responsable», explicó, refiriéndose a la acusación de negligencia policial en el caso.
Defendiendo las políticas de su gobierno, Sánchez destacó los avances en derechos humanos y seguridad ciudadana, señalando que «este es otro gobierno, es un gobierno democrático, esta es otra Policía».
También subrayó que Tegucigalpa había experimentado casi una semana sin incidentes violentos hasta el asesinato del propietario de un carwash cerca de la colonia Las Torres. «El ataque fue dirigido y ejecutado por un individuo muy experimentado», declaró, añadiendo que la operación de la policía continúa siendo robusta.
Sobre los rumores de que la Secretaría de Seguridad podría estar recibiendo asesoramiento de un exmiembro del grupo terrorista ETA, Sánchez fue claro: «No sé, habría que preguntarle al que hizo la denuncia. En la secretaría no sucede eso».
Finalmente, reiteró la necesidad de reformas legislativas que fortalezcan aún más las políticas de seguridad pública y confirmó que la efectividad operativa de la Policía Nacional está al máximo, gracias a las políticas implementadas por su administración.
