Tegucigalpa – El panorama político en Honduras se intensifica luego de que el Ministerio Público presentara este jueves un requerimiento fiscal contra Nasry Asfura Zablah, exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial del Partido Nacional.
Asfura enfrenta cargos por presuntos delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
Ante esta situación, Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, denunció lo que considera una estrategia del oficialismo para inhabilitar a candidatos de la oposición de cara a las próximas elecciones.
A través de su cuenta en la red social X, Zambrano expresó: «Si alguien tenía duda de que Libre estaba aplicando el Plan Venezuela en Honduras, ahora queda más que claro. Allá Maduro inhabilitó a María Corina Machado, aquí Libre hace lo mismo con Papi a la Orden».
Zambrano, diputado por el departamento de Valle, sostuvo que el Partido Nacional no se dejará intimidar por estas acciones legales. «El guion está claro, sin embargo, el Partido Nacional no se acobardará con las actuaciones en los tribunales de justicia», afirmó.
Además, acusó al gobierno de utilizar las instituciones del Estado para perseguir a la oposición: «Esta es una lucha contra el poder de la izquierda usando la institucionalidad para perseguir a la oposición. Saben que no pueden ganar una elección democrática, por el rechazo que se han ganado del pueblo por el Pacto de Impunidad y eliminar la extradición para proteger al Familión».
El legislador concluyó su mensaje con la etiqueta «#LibreNuncaMas», mostrando su rechazo al partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
Requerimiento
El requerimiento fiscal contra Nasry Asfura, conocido popularmente como «Papi a la Orden», surge en medio de un clima político tenso. Asfura fue alcalde del Distrito Central durante dos periodos (2014-2018 y 2018-2022) y fue el candidato presidencial del Partido Nacional en las elecciones de 2021.
Las acusaciones en su contra señalan su presunta participación en un esquema de corrupción que habría desviado más de 28 millones de lempiras de fondos municipales.
Junto a Asfura, otras ocho personas están imputadas por diversos delitos relacionados con corrupción y malversación de fondos públicos. El Ministerio Público sostiene que, entre 2017 y 2018, se emitieron cheques a nombre de los imputados bajo conceptos como «fondos rotatorios» y «reembolsos de gastos», los cuales habrían sido depositados en cuentas personales y utilizados para fines ajenos a la administración pública.
La mención al «Plan Venezuela» por parte de Zambrano hace referencia a las recientes acciones del gobierno venezolano bajo Nicolás Maduro, donde se inhabilitó a la líder opositora María Corina Machado, impidiéndole participar en las elecciones. Zambrano sugiere que el partido Libre estaría implementando tácticas similares para debilitar a la oposición en Honduras.
El «Pacto de Impunidad» mencionado se relaciona con el Decreto 04-2022, recientemente declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia hondureña. Este decreto ha sido objeto de críticas por parte de sectores que consideran que facilita la impunidad al anular procesos judiciales contra ciertos funcionarios y políticos.
Las acusaciones de Zambrano intensifican el debate sobre la independencia de las instituciones y el respeto al Estado de derecho en Honduras. Mientras tanto, el país se prepara para futuros procesos electorales en un ambiente de creciente polarización política.
