Tegucigalpa – La transparencia en el proceso electoral hondureño enfrenta nuevos desafíos según revela el último informe del Observatorio de la Democracia, presentado por la Red por la Defensa de la Democracia (RDD).
El documento destaca un gasto significativo de 19 millones de lempiras en publicidad electoral durante la fase preliminar de las elecciones primarias de 2025, evidenciando una intensa actividad proselitista que incluye 291 eventos de campaña realizados por precandidatos presidenciales.
El análisis detallado del gasto electoral muestra una notable evolución en las estrategias de campaña. Los datos de Meta confirman una inversión superior al millón de lempiras en publicidad digital, señalando una clara tendencia hacia la digitalización de las campañas políticas. Esta transformación se complementa con métodos tradicionales como la impresión de afiches y la organización de eventos públicos.
Un hallazgo preocupante del informe es el comportamiento de funcionarios públicos durante el período electoral. El Observatorio identificó que más del 60% de las actividades promocionales realizadas por aproximadamente 40 funcionarios del gobierno actual se efectúan durante horas laborales, lo que plantea serias interrogantes sobre el uso apropiado de recursos estatales y el cumplimiento de las responsabilidades públicas.
La RDD también señala retrocesos significativos en materia anticorrupción. A pesar del compromiso gubernamental de establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), las acciones concretas han sido limitadas. Por el contrario, la aprobación de amnistías políticas y modificaciones en los tratados de extradición han generado preocupación por su potencial impacto en el Estado de derecho.
Ante este panorama, la organización enfatiza la necesidad de implementar mecanismos efectivos de fiscalización y transparencia en el manejo de fondos electorales. La RDD sostiene que las próximas elecciones primarias representan una oportunidad crucial para fortalecer la democracia hondureña, siempre que se garantice un proceso electoral íntegro y representativo.
Las recomendaciones del informe incluyen el establecimiento de controles más rigurosos sobre el gasto electoral, la implementación efectiva de medidas anticorrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Para la RDD, estos elementos son fundamentales para restaurar la confianza ciudadana en el sistema electoral y asegurar la legitimidad del proceso democrático en Honduras.
Débil control en financiamiento electoral amenaza transparencia en Honduras
Juan Carlos Aguilar, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cuestionó la ausencia de reportes financieros ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), también conocida como Unidad de Política Limpia (UPL). El experto sugiere que las cifras reportadas podrían estar subestimadas, señalando la necesidad de mayor transparencia en la declaración de gastos de campaña.
Por su parte, Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expresó su escepticismo sobre la integridad del proceso electoral actual. Basándose en experiencias anteriores donde se ha documentado la infiltración de dinero ilícito en la política, Castellanos advierte sobre los riesgos de que este patrón se repita en el presente ciclo electoral.
La académica también señaló una debilidad sistémica en el marco institucional de supervisión electoral. A pesar de que la UFTF cumple con la presentación de informes, la falta de capacidad sancionadora efectiva limita su impacto real. «Las instituciones existentes carecen de fortaleza, y la legislación actual es insuficiente para que la Unidad de Política Limpia pueda ejercer acciones más allá de la elaboración de informes», explicó Castellanos.
Estas observaciones refuerzan las preocupaciones previamente expresadas por la Red por la Defensa de la Democracia sobre la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y supervisión del financiamiento electoral en Honduras, como elemento crucial para garantizar la integridad del proceso democrático.
