Tegucigalpa – La Sala I del Tribunal de Sentencia ha anunciado que el juicio oral contra Santos Orellana, su esposa Jennifer Lizeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, acusados por el presunto delito de lavado de activos, continuará hasta el viernes 19 de mayo.
Durante la audiencia, los imputados también fueron notificados sobre la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal, que ha cambiado sus medidas de seguridad.
Las nuevas medidas impuestas a los acusados son: permanecer bajo el cuidado y vigilancia de sus abogados, prohibición de salir del país, presentación ante el Tribunal para firmar, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de comunicarse con determinadas personas.
El exoficial de las Fuerzas Armadas es acusado de realizar operativos en la zona de Gracias a Dios, donde se incautaba dinero o droga que no era declarado en su totalidad, quedándose con una parte de lo incautado. Las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE. Además, Orellana también participó en decomisos de vehículos donde se transportaban grandes cantidades de dólares y según testigos, también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluyendo a un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
El Ministerio Público alegó que Orellana negociaba la entrega de drogas robadas a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia, Gracias a Dios. Todo este dinero era enviado consecutivamente a su esposa y suegra. El análisis financiero del Ministerio Público reveló que el exoficial de las Fuerzas Armadas recibió más de dos millones y medio de lempiras en ingresos brutos y 813,918 lempiras en salarios netos. Sin embargo, su esposa y suegra tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados.
