Tegucigalpa – La tensión diplomática entre Honduras y Estados Unidos ha tomado un nuevo giro tras la amenaza de la presidenta Xiomara Castro de cerrar la base militar estadounidense en Palmerola si se producen deportaciones masivas de hondureños.
Sin embargo, Washington ha mantenido un llamativo silencio que contrasta con la intensa discusión que el tema ha generado en Honduras.
La última comunicación pública de la embajadora estadounidense Laura Dogu se remonta al 20 de diciembre de 2024, limitándose a un mensaje navideño, mientras que el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, se ha enfocado en comentar sobre designaciones de corrupción, evitando abordar la controversia sobre la base militar.
Analistas señalan que la aparente indiferencia de Washington podría fundamentarse en dos factores clave: primero, el gobierno hondureño no puede unilateralmente desactivar el tratado que permite la presencia militar estadounidense sin la aprobación del Congreso Nacional, donde el partido oficialista no tiene mayoría.
Segundo, existe una percepción de que Estados Unidos prefiere evitar confrontaciones sobre asuntos que se rigen por marcos legales establecidos.
El tema se ha entrelazado con otras controversias actuales, incluyendo la reciente publicación de InsightCrime sobre Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, quien confirmó su salida del país por motivos médicos, contradiciendo versiones oficiales iniciales.
Además, el Departamento de Estado estadounidense recientemente designó a varios funcionarios hondureños en una lista de personas vinculadas a la corrupción, incluyendo a la magistrada Sonia Marlina Dubón y al exministro Ebal Díaz, entre otros.
La situación refleja la complejidad de las relaciones bilaterales entre ambos países, mientras la comunidad internacional observa el desarrollo de estos acontecimientos diplomáticos.
