Tegucigalpa. – El periódico estadounidense The Washington Post, asegura que la firma de abogados Arnold & Porter había presionado durante el proceso y que se mencionaba sin nombrar en los documentos del proceso contra Tony Hernández, sería el prestigioso bufete de Washington Arnold & Porter, que tiene como socio a John B. Bellinger III, exasesor legal del Departamento de Estado con George W. Bush; y también donde laboró el actual Fiscal General Merrick Garland.
Ante este escenario, los fiscales del caso de Tony Hernández habrían indicado que los lobistas contratados por Honduras, los contactaron para advertirles de “consecuencias colaterales” por el proceso en las relaciones con el país centroamericano en lo referente a las bases militares de Estados Unidos en el país, así como “asuntos migratorios no relacionados”.
La campaña de Arnold & Porter en nombre del gobierno hondureño intentó desacreditar el valor de algunos testigos en relación al costo «colateral» en las relaciones bilaterales y aseguró que estaba haciendo cabildeo con otros departamentos de la Administración de Donald Trump tras mantener contactos con el Consejo de Seguridad Nacional, según los documentos legales derivados del proceso contra Tony Hernández.
Esos contactos se produjeron en el otoño de 2019, poco después de que Arnold & Porter registrara su relación con Tegucigalpa en la base de datos de agentes extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia.
El documento de registro en FARA, con fecha del 23 de septiembre de 2019, incluye un contrato fechado en agosto de ese año por 475 mil dólares más gatos adicionales firmado con Anderson & Porter por la entonces secretaria de Finanzas hondureña Rocío Tábora.
El objeto de la relación contractual, según los documentos entregados a FARA en septiembre de 2019, es “proveer servicios legales en conexión con una transacción de mercado internacional de capitales”, así como “asuntos adicionales que se acuerden mutuamente”, trabajos de “diligencia debida” o que afecten a las relaciones bilaterales.
Por su parte, el gobierno a través de la Secretaría de Finanzas, emitió un comunicado en el que aclara que en 2019 el gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Finanzas, contrató al bufete internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, con el objetivo de proporcionar servicios jurídicos para la emisión de bono soberano en los mercados internacionales de capital.
“Es importante subrayar que se contrató a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para acompañar y asesorar a esta secretaría en el proceso de colocación de un bono soberano en el mercado financiero internacional. Se contrató a dicho bufete por su alto conocimiento y experiencia en el ámbito de mercados internacionales de capital y por su larga trayectoria acompañando al gobierno de Honduras en los procesos de colocación de bono soberano en los años 2013 y 2017”, puntualiza el comunicado.
