Tegucigalpa – Este lunes, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumplió tres de sus cuatro años de mandato bajo un panorama marcado por promesas incumplidas y crisis políticas. Su gobierno, que llegó al poder en 2022 tras derrotar al Partido Nacional —en el poder durante 12 años—, no ha logrado establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), respaldada por la ONU, a pesar de ser una de sus principales ofertas de campaña.
El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, admitió en diciembre pasado que solo se han avanzado en dos de las seis reformas legales requeridas para crear la CICIH. César Espinal, coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), calificó la situación como una «promesa incumplida» y señaló que «muchas expectativas ciudadanas se han frustrado».
La crisis se profundiza con la reciente cancelación del tratado de extradición con EE.UU., vigente hasta febrero de 2025, y la difusión de un video que involucra a Carlos Zelaya, cuñado de Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya, en negociaciones con el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel Los Cachiros. En la grabación, divulgada por InSight Crime, Carlos Zelaya menciona que «la mitad [del dinero] debe ir para el comandante», en alusión a su hermano. Tras el escándalo, Carlos renunció como diputado y su hijo, José Manuel Zelaya, dejó el Ministerio de Defensa.
La decisión de terminar el tratado de extradición, tomada en agosto de 2024 tras tensiones con la embajadora estadounidense Laura Dogu, ha sido cuestionada como un intento de proteger a funcionarios y familiares. El canciller Reina insinuó que el acuerdo se usaba como «arma política», mientras Castro condenó públicamente cualquier vínculo entre políticos y narcotráfico. No obstante, analistas señalan que la medida debilita la lucha contra el crimen organizado en un país donde diariamente mueren entre 10 y 12 personas por violencia criminal.
El gobierno de Castro, primera mujer en liderar Honduras, también enfrenta el reto de reducir la pobreza que afecta al 60% de la población y reactivar una economía estancada. Su llegada al poder generó esperanzas de cambio tras el golpe de Estado de 2009 contra su esposo, Manuel Zelaya, pero sectores críticos acusan falta de transparencia y lentitud en reformas estructurales.
Aunque Reina aseguró que Honduras está «abierto a dialogar» con EE.UU. para renegociar el tratado, la sombra del narcovideo y las acusaciones de corrupción persisten. Manuel Zelaya, asesor clave de Castro, denunció la «conducta abominable» de quienes pactan con el narcotráfico, pero evadió comentar los vínculos familiares.
Con un año restante en su mandato, Castro debe navegar entre presiones internas y externas para recuperar credibilidad, en un país donde el narcotráfico, el desempleo y la impunidad siguen minando el desarrollo.
