La asesora de las Naciones Unidas para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, denunció hoy que existen factores de riesgo de genocidio, además de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil, y que esto merece la atención urgente de las autoridades del país, a nivel local y federal.
Wairimu lanzó esta alerta en la presentación de su informe anual al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que contiene un apartado dedicado a las conclusiones de la visita que hizo a Brasil el pasado mayo.
“Observo con preocupación que ha habido un historial de graves violaciones (…), uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad, tensiones entre las comunidades indígenas y otros grupos, y una serie de políticas que han facilitado la discriminación y el abuso contra estos grupos protegidos”, comentó Wairimu a la prensa.
Las observaciones de la experta se centran en el pueblo indígena de Yanomami, ubicado en la región norteña de Roraima, así como en la comunidad Guarani Kaiowa, asentada en el estado de Mato Grosso del Sur.
En el caso de los Yanomami, la experta aseguró que las tierras de esta comunidad se han visto “invadidas” para la explotación minera, a pesar de que la Constitución brasileña las considera territorio protegido.
Esa actividad extractiva ha provocado la contaminación por mercurio de las tierras y aguas de la zona, con graves consecuencias para la salud de este pueblo, que presenta una elevada prevalencia de malnutrición.
Durante su visita a Brasil, la experta también acudió al territorio de la comunidad Guarani Kaiowa y documentó testimonios de “ataques violentos” por parte de las fuerzas de seguridad contra los pobladores, incluyendo casos de homicidios hasta detenciones arbitrarias y encarcelamientos.
Wairimu alertó de que esta violencia puede tener “graves daños físicos y mentales” para la población guaraní.
Durante su misión en el país, la experta también prestó atención a la situación de los brasileños de ascendencia africana, que representan más del 55 % de la población.
Tras reunirse con decenas de madres de afrodescencientes víctimas de violencia policial, la experta concluyó que “el racismo estructural y la violencia generalizada contra este colectivo son atroces”.
Frente a esta constatación, la asesora de la ONU instó al Gobierno brasileño a combatir estos crímenes “de manera independiente e imparcial”, con especial atención a aquellos cometidos por las fuerzas de seguridad contra la población indígena.
