Tegucigalpa — El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha manifestado su enérgico rechazo al asesinato del ambientalista y concejal municipal Juan López, ocurrido el pasado sábado en el departamento de Colón.
La organización responsabiliza al gobierno de Honduras por no garantizar la seguridad del defensor y exige una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen.
Juan López, líder en la defensa del territorio en el municipio de Tocoa y concejal por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), fue asesinado por hombres armados pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023.
Su labor se centraba en la protección del río Guapinol y en la oposición a las actividades de la empresa minera Los Pinares Ecotek.
«Exigimos justicia para Juan», declaró el COPINH en un comunicado, destacando su compromiso con la defensa del medio ambiente y su lucha contra proyectos que consideraba perjudiciales para las comunidades locales.
La organización recordó que este asesinato ocurre en un contexto de creciente violencia contra activistas ambientales en el país.
El sacerdote jesuita Carlos Orellana, párroco de la Capilla San Isidro Labrador en Tocoa, también se pronunció sobre el incidente, expresando su preocupación y señalando que el crimen fue perpetrado por sicarios. «Juan era una piedra en el zapato para muchos; esta muerte fue premeditada y bien planificada», afirmó.
Dos días antes de su asesinato, Juan López había solicitado la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, alegando presuntas vinculaciones con actividades ilícitas.
Cabe mencionar que Fúnez apareció en un video divulgado el 3 de septiembre por la organización estadounidense InSight Crime, donde se le vincula en conversaciones relacionadas con sobornos para el partido LIBRE.
Este caso evoca el asesinato de Berta Cáceres en 2016, cofundadora del COPINH, quien también fue ultimada pese a contar con medidas cautelares de la CIDH. Ambos casos ponen en evidencia los riesgos que enfrentan los defensores del medio ambiente en Honduras.
El COPINH hizo un llamado al Estado hondureño para que tome medidas concretas en la protección de los activistas y avance en la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado que promueve la transparencia en asuntos ambientales y la protección de los defensores de derechos humanos en la región.
Según datos de la organización Global Witness, Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente, con 18 activistas asesinados en el último año.
Esta situación ha generado preocupación a nivel nacional e internacional, instando a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y a garantizar la justicia para las víctimas.
En el ámbito legislativo, se han presentado iniciativas para que el Congreso Nacional ratifique el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido avances significativos, y organizaciones civiles continúan presionando para que se concrete esta acción como una forma de proteger a quienes luchan por la conservación del entorno y los derechos de las comunidades.
La muerte de Juan López representa una pérdida significativa para la comunidad de Tocoa y para todos aquellos que defienden el medio ambiente en Honduras.
Su legado como líder, pensador y guía espiritual será recordado, y su lucha inspira a continuar exigiendo justicia y protección para los defensores de la tierra y los recursos naturales.
