Una corte de apelaciones había aceptado escuchar de nuevo un caso que podría determinar el destino de más de 300.000 inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos por razones humanitarias. Sin embargo, decidió no regularizar.
Por VOA
El caso forma parte de una larga batalla por la política de TPS que comenzó en 2018, cuando un juez de distrito bloqueó a la entonces administración Trump de poner fin al programa para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
El TPS permite a los inmigrantes de países considerados inseguros residir y trabajar en EEUU por un período de tiempo si cumplen ciertos requisitos establecidos por el gobierno.
Ahilan Arulanantham, el abogado de inmigración que representa a los beneficiados con el TPS, dijo a la Voz de América que sus clientes estaban contentos de que las cortes se decidieran a revisar el caso.
Según el abogado, el caso forma parte de una larga batalla por la política de TPS que comenzó en 2018, cuando un juez de distrito bloqueó a la entonces administración Trump de poner fin al programa para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
En ese momento, el juez federal dijo que el esfuerzo no estaba bien justificado.
En 2020, el panel de tres jueces del 9no Circuito dijo que las cortes no pueden cuestionar las decisiones de TPS del gobierno. Los abogados que representaban a los beneficiarios solicitaron una nueva audiencia y el fallo de 2020 nunca entró en vigor.
“Entonces vino la elección y ganó la administración Biden, y el presidente (Joe) Biden prometió en su campaña proteger a los beneficiarios de TPS… Después entramos en negociaciones de arreglo y eso se demoró 18 meses”, dijo Arulanantham.
Sin embargo, las negociaciones colapsaron en octubre de 2022.
“Ahora decidirán 11 jueces”, dijo Arulanantham, pero no hay fecha señalada para escuchar argumentos.
La decisión de volver a escuchar el caso no tiene un impacto inmediato sobre los beneficiarios de los países afectados.
Si terminara el programa, los beneficiarios perderían su autorización de empleo, dijo el abogado, “y eso podría suceder en cuestión de meses si la anulación entra en vigor”.
Según las cifras más recientes de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, hay 241.699 salvadoreños, 76.737 hondureños, 14.556 nepalíes y 4.250 nicaragüenses enrolados en el TPS.
En una declaración a la prensa, una demandante en el caso, Cristina Morales, quien es beneficiaria de TPS por más de 20 años y líder de la Alianza Nacional TPS, exhortó a la administración Biden a regresar a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo.
En noviembre de 2022, la administración permitió a los beneficiarios afectados por el caso mantener sus permisos de trabajo y protección a la deportación por un año más después de la fecha señalada para poner fin al programa, o hasta el 30 de junio de 2024, lo que ocurra más tarde.
La administración Biden también ha creado más designaciones de TPS, como Afganistán, Camerún, Etiopía, Ucrania y Venezuela, que ha permitido a miles de inmigrantes acogerse a un estatus legal temporal.
También anunció extensiones para inmigrantes haitianos y sudaneses que residen en EEUU, pero no ha anunciado extensiones para los inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Nepal y Honduras.
Los haitianos que viven en EEUU tienen protecciones de TPS hasta el 3 de agosto de 2024, y los de Sudán hasta el 19 de octubre de 2023.
El programa TPS no conduce a una residencia permanente en EEUU.
