Tegucigalpa – Carlos Zelaya, primer secretario del Congreso Nacional, aseguró que el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) no bloqueará la elección de las autoridades del Ministerio Público para el período 2023-2028.
Sin embargo, la situación se complica debido a denuncias de que los partidos Nacional, Libre y Liberal podrían coludirse para no elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto de la lista de candidatos proporcionada por la Junta Proponente al Congreso Nacional el 1 de agosto.
Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional, reveló que las cúpulas de los partidos no están satisfechas con los candidatos seleccionados y, por lo tanto, no emitirán su voto antes del 31 de agosto, fecha en la que concluye el mandato quinquenal de las actuales autoridades del Ministerio Público, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián.
Esta situación ha generado incertidumbre sobre el futuro de las autoridades del Ministerio Público, ya que sus mandatos se extenderán hasta la elección de sus sucesores, según lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Carlos Zelaya, en una aparición en el programa Frente a Frente de Canal 5, expresó que los partidos políticos intentarán elevar a rango constitucional el puesto de director de fiscales en el presente año y ratificarlo en la siguiente legislatura (enero de 2024).
Luego, se negociarían los cargos de los dos fiscales, permitiendo que cada institución nomine a una persona afín para estos roles. Esto se realizaría sin respetar la lista proporcionada por la Junta Proponente, generando controversia en el proceso de elección.
El diputado de Libre afirmó que su partido votará por los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto de la lista presentada por la Junta Proponente. Sin embargo, la votación requerirá una mayoría calificada de 86 votos, y el tiempo para alcanzar un consenso con las demás bancadas legislativas es incierto.
Respecto a la reforma relacionada con el director de fiscales, Carlos Zelaya mencionó que se planteó antes de que comenzara la presente legislatura, pero debido a la falta de acuerdos necesarios, decidieron no impulsar dicho proceso por el momento. Descartó cualquier idea de retrasar el proceso para llevar a cabo la reforma después de enero.
La situación sigue en desarrollo, y la incertidumbre sobre la elección de las autoridades del Ministerio Público en Honduras continúa.
