Tegucigalpa – El Congreso Nacional de Honduras enfrenta una crisis institucional sin precedentes tras las acusaciones del diputado Jari Dixon Herrera, del partido Libertad y Refundación (Libre), quien ha denunciado lo que considera un «golpe técnico» provocado por la negativa de la oposición a aprobar iniciativas fundamentales.
La situación ha llevado a una parálisis operativa del órgano legislativo, donde la falta del mínimo de 65 votos requeridos ha impedido la aprobación de proyectos cruciales. «Literalmente el Congreso está bloqueado por la oposición, hoy aquí no se aprueba absolutamente nada», manifestó Dixon, evidenciando la gravedad del estancamiento legislativo.
Entre los proyectos afectados por esta crisis se encuentran la Ley de Colaboración Eficaz, la revisión de adendas en contratos de energía eléctrica y, especialmente, el Presupuesto General 2025. La falta de consenso en estos temas ha generado un impasse que amenaza con prolongar la inactividad del Congreso.
La crisis se ha visto agravada por problemas logísticos y administrativos, incluyendo cambios constantes en la agenda legislativa por parte del presidente del Congreso, Luis Redondo. Un ejemplo reciente fue la suspensión de una sesión el 23 de enero debido a trabajos de remodelación en el hemiciclo legislativo, lo que ha contribuido a la percepción de inestabilidad institucional.
Esta situación pone de manifiesto una profunda división política que trasciende el debate legislativo normal y amenaza con afectar el funcionamiento básico de una de las instituciones fundamentales del Estado hondureño. La falta de disposición para alcanzar acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas ha llevado al país a una encrucijada institucional que requiere urgente atención.
La crisis actual plantea serias preguntas sobre la capacidad del sistema político hondureño para superar sus diferencias y trabajar en beneficio del interés nacional, especialmente en un momento donde la aprobación de legislaciones clave resulta fundamental para el desarrollo del país.
