Tegucigalpa – Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), expresó su descontento este martes respecto al nombramiento de nuevas juntas interventoras en instituciones públicas hondureñas, describiéndolo como una repetición de prácticas previamente criticadas.
Hernández destacó que la recurrencia en el nombramiento de juntas interventoras refleja la grave degradación y disfuncionalidad en la administración pública de Honduras.
Según él, esta medida es frecuentemente adoptada cuando las instituciones no alcanzan sus metas, lo cual, en su opinión, no hace más que evidenciar la ineficiencia, la falta de capacidad y la alta politización en el sector.
El líder de ASJ también señaló que estas juntas a menudo se convierten en medios para distribuir beneficios entre un número mayor de personas. «Los compromisos con la militancia son significativos y no alcanzan para todos, por lo que estas intervenciones pueden ser una forma de satisfacer esos intereses», afirmó Hernández.
Un ejemplo claro de esta problemática lo proporcionó el caso de la desaparecida Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H). Antes de la intervención, el director de Invest-H ganaba un salario mensual de más de 200 mil lempiras.
Tras la creación de una junta interventora, este costo se elevó a 600 mil lempiras mensuales distribuidos entre tres personas, incrementando significativamente el gasto en salarios.
Esta crítica surge en un contexto donde se ha juramentado recientemente una Comisión Interventora del Instituto de la Propiedad, lo que ha revivido el debate sobre la efectividad y las implicaciones de tales medidas administrativas en el país.
