Tegucigalpa – El director de la Clínica de Litigio Estratégico del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Luis Chinchilla advirtió hoy que, el Decreto Ejecutivo que suspende algunas garantías establecidas en la Constitución de la República, no es “carta blanca” para que los cuerpos de seguridad del Estado puedan actuar de forma arbitraria.
Indicó que se le debe tomar la palabra, a las autoridades policiales, en el sentido que todo lo que se enmarca en el decreto debe estar guiado por los principios de legalidad y proporcionalidad.
Sin embargo, comentó que el Conadeh, como institución garante de derechos humanos, estará velando y analizando cada denuncia para determinar si se ha cumplido o incumplido con el decreto.
Explicó que el decreto tampoco establece la suspensión de otras garantías, que forman parte del núcleo duro de derechos, como la integridad personal, la vida, la prohibición a la esclavitud y la tortura, entre otros.
Agregó que, en la detención de personas, se tienen que seguir criterios internacionales como los establecidos en las Reglas de Mandela o en los mismos principios interamericanos sobre personas privadas de libertad.
Entre las preocupaciones que tiene el Conadeh, sobre la aplicación del decreto, según el profesional del derecho, está la del uso de la fuerza por parte de los agentes de la policía a quienes recordó que, el decreto no les faculta para limitar el derecho a la vida ni poner en riesgo la integridad personal.
Aclaró que, en un contexto donde no se tiene una Ley sobre el uso proporcional de la fuerza, se rige de forma supletoria por otros principios que, en primera instancia, no deberían suponer un ejercicio arbitrario del funcionario policial.
Reiteró que el Conadeh estará atento para atender cualquier denuncia de las personas que habiten en los lugares donde se ejecute el toque de queda.
El Conadeh estará atento para atender quejas de toda la población que se sienta agraviada en la ejecución del decreto y que no haya sido aplicado correctamente.
Recomendó que, con la aplicación de ese decreto, no se debe criminalizar a las personas que trabajen en horas de la noche ya sea en gasolineras, call center, médicos e incluso a miembros de la comunidad LGTBIQ+.
Explicó que la comunidad transexual se ve seriamente afectada en su relación con el accionar policial como lo reflejan algunas de las quejas recibidas en el Conadeh.
Reiteró que, en esencia, ese decreto no debe ser “carta blanca” para tratar al ciudadano de manera arbitraria, independientemente de la colonia donde viva o hacia donde se dirija.
Otra preocupación del Conadeh se relacionada con el lugar donde estarían las personas detenidas, pese a que las autoridades mencionan que los detenidos estarán divididos según el delito o falta que hayan cometido, si es o no un menor de edad o un miembro de la comunidad LGTBIQ+.
Chinchilla expresó que, cuando el proceso llega a una instancia judicial, la persona detenida va a ir a dar a un sistema penitenciario sin seguridad, con un alto grado de hacinamiento y en una grave situación de calamidad.
Según el Conadeh, aunque las medidas que se han adoptado son necesarias y no son, en principio, inconstitucionales ni incompatibles con las garantías internacionales a las cuales se ha obligado el Estado, estas deben ser reforzadas con otro tipo de medidas.
Todas esas medidas de corte represivo deben ser acuerpadas y acompañadas con medidas integrales y sociales para que tengan efectos y resultados a largo plazo, concluyó.
