Tegucigalpa – Rocío Tábora, exministra de Finanzas de Honduras, quien fue recluida en la cárcel de Támara tras ser acusada de fraude en la compra de siete hospitales durante la pandemia con un costo aproximado de 47,5 millones de dólares, fue sometida a una revisión médica este jueves 23 de mayo.
Esta revisión fue realizada por el equipo de medicina legal del Ministerio Público (MP), tras la reciente suspensión de sus medidas sustitutivas de libertad.
Tábora fue capturada en noviembre de 2023 cuando intentaba cruzar la frontera hacia Nicaragua. Inicialmente, debido a su condición médica, su defensa había conseguido que enfrentara el proceso en libertad, bajo arresto domiciliario.
Esta condición incluía la prohibición de salir del país y la obligación de firmar periódicamente en el libro de controles en los juzgados.
Sin embargo, el juez encargado del caso revocó estas medidas y dictaminó prisión preventiva para la exministra, ante lo cual su salud volvió a ser un tema de discusión judicial. La decisión de recluir a Tábora en la cárcel de Támara fue posteriormente revisada debido a sus complicaciones de salud, lo que llevó a las autoridades a considerar nuevamente el arresto domiciliario.
Los resultados de la evaluación médica realizada este jueves serán cruciales para determinar los próximos pasos en su caso. Si los informes médicos sugieren que la prisión preventiva podría agravar su estado de salud, su defensa podría apelar la decisión del juez y buscar restaurar las medidas sustitutivas.
Este caso ha captado la atención pública y ha suscitado debates sobre la gestión de la justicia y el trato de los acusados con condiciones de salud preexistentes, especialmente en casos de corrupción de alto perfil que implican alegaciones de malversación de fondos durante una crisis sanitaria global.
La situación de Tábora permanece en el centro de una controversia que pone a prueba los límites del sistema judicial hondureño en su trato a figuras políticas acusadas de delitos graves.
