Tegucigalpa – El Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, ha sido objeto de críticas debido a la entrega mensual de «subvenciones» de 100 mil lempiras a cada uno de los 128 congresistas para obras sociales, amparados bajo el artículo 205, numeral 37, de la Constitución de la República.
El diputado del partido oficialista Libre, Manuel Rodríguez, ha declarado que a principios de agosto se les otorgaron a los congresistas 250 mil lempiras para obras sociales.
El diputado de oposición del Partido Nacional, Jorge Zelaya, ha denunciado que las subvenciones son un disfraz del Fondo Departamental, que permite a los diputados recibir y ejecutar fondos públicos para obras sociales, pero también se utiliza para actos de corrupción y para comprar consciencias.
Zelaya ha sugerido que se debe eliminar cualquier ley que permita dar dinero a los congresistas o crear un decreto que les impida manejar fondos públicos.
A pesar de las críticas, el Congreso Nacional aún no ha modificado el artículo 81-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que crea el Fondo Departamental.
La junta directiva del Poder Legislativo ha prometido derogar el Fondo Social Departamental, creado en 2018, debido a que es una fuente de actos de corrupción y compra de conciencias. Hasta el momento, el Congreso Nacional ha aprobado la derogación del decreto 116-2019, que regulaba todo lo relacionado con el fondo y establecía un plazo de tres años para la auditoría.
Sin embargo, los funcionarios no podían ser investigados ni acusados por el Ministerio Público durante este tiempo y si el Tribunal Superior de Cuentas determinaba un uso indebido de los fondos, los implicados tenían 4 años para reintegrar el capital antes de enfrentar acusaciones por parte de la Fiscalía.
