La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, afirmó este viernes a EFE que la campaña de dos meses anunciada en abril entre Panamá, Colombia y EE.UU. para hacer frente a la crisis migratoria en la selva del Darién “no ha terminado”, manteniéndose el aporte estadounidense de formación militar y equipamiento contra el tráfico de personas.
“La campaña no ha terminado”, aseguró la general Richardson, después de que el pasado 11 de abril, tras un encuentro de alto nivel en la capital panameña entre Colombia, EE.UU. y Panamá, se decidiera “llevar a cabo una campaña coordinada de dos meses para hacer frente a la grave situación humanitaria en el Darién”.
Ya entonces, dijo Richardson, las autoridades reunidas pronosticaron que una vez comenzada, esta campaña se iba “a prolongar durante muchos meses”, y más cuando se repasa “los éxitos y el progreso que está teniendo”, por lo que los tres países quieren “continuar” para contrarrestar el crimen fronterizo en la región.
La selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, es atravesada a diario por cientos de migrantes en su camino hacia Norteamérica, a pesar de los numerosos peligros a los que se enfrentan, desde ríos crecidos y el descenso de cerros, a los ataques de animales salvajes o la falta de agua potable.
También hay criminales que abusan de los migrantes, cometiendo robos, violaciones y asesinatos, una realidad que contrasta con la idílica imagen del “paseo” por la selva que anuncian en redes sociales los traficantes para alimentar su lucrativo negocio.
Para acabar con las actividades criminales en la selva, la coordinación entre Panamá y Colombia es fundamental, insiste Richardson, porque muchas veces las tropas fronterizas de ambos países no se quieren “acercar demasiado” el uno al otro, y eso lo aprovechan los grupos criminales para actuar en la frontera.
La general Richardson explicó que el apoyo que están brindando es sobre todo “el desarrollo de la capacidad institucional, el entrenamiento con las fuerzas de seguridad”, una labor que sus equipos de la Brigada de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad y de Asuntos Civiles llevan a cabo tanto en Colombia como en Panamá.
“Son equipos muy pequeños, tenemos cinco equipos de la Brigada de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad. Equipos de entre seis y ocho miembros, y nuestro equipo de Asuntos Civiles”, destacó la general, que subrayó que su única misión es la de “desarrollar su capacidad”.
También envían equipamiento. Solo el mes pasado EE.UU. donó 63 Jeep J8 con sus respectivas piezas de mantenimiento, valorado en 8 millones de dólares, para uso exclusivo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá. Richardson anotó que el total se eleva ahora a 84.
Pero “armas, no”, no entran en el apoyo, remarcó la general, que se encuentra en su cuarta visita oficial a Panamá, donde encabezó esta semana la representación estadounidense en el tercer “Simulacro de Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria” de Centroamérica, con la participación de 17 países y más de 600 unidades de rescate.
Una campaña de «ambiciosos objetivos»
Cuando se anunció la campaña el pasado abril en un comunicado conjunto, los tres países se impusieron los “ambiciosos objetivos” de “acabar con el movimiento ilícito de personas” a través del Darién, que “conduce a la muerte y a la explotación de personas”.
También anunciaron que abrirían “nuevas vías legales y flexibles para decenas de miles de migrantes y refugiados como alternativa a la migración irregular”, como son los centros de regulación en Guatemala o Colombia, y un plan para reducir la pobreza y mejorar las oportunidades económicas en las comunidades fronterizas.
El flujo migratorio, sin embargo, continúa elevado. Solo en los primeros cinco meses del año, más de 166.000 migrantes atravesaron la jungla, un número cinco veces superior al mismo periodo de 2022, que cerró con la cifra récord de más de 248.000 personas en tránsito, según datos oficiales de Panamá.
Además, en la primera quincena de junio, 12.333 migrantes atravesaron la selva, frente a los 15.633 del mes completo en 2022, por lo que aún es pronto para percibir algún efecto de la campaña y políticas migratorias en el tránsito por el Darién.
La general Richardson, al igual que otras autoridades, se pregunta qué está pasando, qué falla en la comunicación, para que “sea más fácil encontrar a un traficante, obtener una vía ilegal para la migración, que encontrar una vía legal” y segura.
Es por eso que el “desarrollo de capacidades” por parte de Estados Unidos a Panamá y Colombia está enfocado también en cómo informar al migrante e intentar combatir los bulos en redes sociales o los anuncios encubiertos de los traficantes.
“¿Por qué es más fácil encontrar un traficante de personas para ayudarte a averiguar el modo de migrar que una vía legal? Tenemos que darle la vuelta a eso, y tenemos que darle la vuelta rápido, porque la información equivocada, la desinformación, las mentiras están llegando a los migrantes y no son ciertas, y lo descubren cuando ya están inmersos en ese peligroso viaje”, sentenció.
