Tegucigalpa – En respuesta a la preocupante situación de las cárceles en Honduras, el gobierno ha autorizado dos Decretos de Emergencia con el objetivo de tomar acciones inmediatas.
El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, anunció la aprobación de estos decretos, que permitirán la realización de compras directas para la construcción de una cárcel en la Isla del Cisne, en el Caribe de Honduras, y la finalización del centro penitenciario de Naco, en el departamento de Cortés.
El ministro Zelaya Rosales enfatizó la importancia de estas acciones y señaló que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) ya está trabajando en las asignaciones correspondientes para restablecer la gobernabilidad en las cárceles. Se han firmado dos Decretos ejecutivos para poner en marcha las misiones asignadas a la PMOP, que consisten en retomar el control de los centros penitenciarios.
El ministro defendió el uso de la contratación directa y aseguró que se seguirán los procedimientos establecidos por la Ley de Contratación del Estado. Explicó que la ley regula la contratación directa bajo ciertos esquemas y que contarán con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia para garantizar la transparencia en el proceso.
Los Decretos de Emergencia establecen que las Fuerzas Armadas deben diseñar un plan para la habilitación de la granja penal en la Isla del Cisne, con el apoyo de la Secretaría de Finanzas, con el fin de trasladar a los líderes de las maras y pandillas de alta peligrosidad.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Jorge Fortín, aseguró que se adquirirá todo el equipo necesario para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios y cumplir la misión encomendada por la presidenta Xiomara Castro.
El traslado de personal y equipo a la Isla del Cisne se realizará sin inconvenientes, según afirmó Fortín. La presidenta ha ordenado que la Isla se utilice para albergar a reclusos de alta peligrosidad, con el objetivo de restablecer el orden en los centros de detención del país.
Estas decisiones son el resultado de los recurrentes enfrentamientos en las cárceles de máxima seguridad, que han resultado en la pérdida de vidas de numerosos reclusos, así como la reciente masacre en la cárcel de mujeres donde 46 mujeres perdieron la vida. Estos trágicos eventos han impactado de manera significativa y han alertado a las autoridades del país.
El gobierno de Honduras reconoce la necesidad de abordar de manera urgente la crisis carcelaria y garantizar la seguridad tanto de los reclusos como del personal penitenciario. Estas medidas representan un primer paso en la búsqueda de soluciones efectivas para mejorar las condiciones y reducir la violencia en el sistema penitenciario hondureño.
