Aumenta la presión para la salida del Gobierno del primer ministro, Ariel Henry, que anunció elecciones para agosto de 2025.
Por El País
El 29 de febrero, Alan manejaba su vehículo por la Route Delmas, en Puerto Príncipe, la capital de Haití, uno de los caminos habituales entre la parte alta y baja de la ciudad. Había ido a dejar a un cliente al aeropuerto y volvía a su zona de operación, cerca de Petionville, en la parte alta, barrio de embajadas y bancos. “Ahí, en Delmas”, explica por teléfono desde la capital haitiana, “empecé a ver que la situación se complicaba. Ya vi cuerpos tirados en el piso y todo”. Era el inicio de la última ola de violencia en Haití, que todavía no ha concluido.
Desde aquel día, bandas criminales de la capital han atacado indiscriminadamente contra todo lo que huela a Estado en Puerto Príncipe, con especial atención a las comisarías de la Policía Nacional ―los bandidos han arremetido al menos contra nueve―, su academia de cadetes, las cárceles, de las que han huido más de 3.500 presos, el estadio nacional Sylvio Cator y el aeropuerto internacional, que cerró y no ha vuelto a abrir.
La noche del viernes, un grupo de pandilleros la emprendió a tiros a las puertas del Palacio Nacional e intentó prender fuego a la sede del Ministerio del Interior, donde finalmente los agentes lograron contener la revuelta.
Fuentes políticas conocedoras de la situación señalan que la embestida tiene dos motivos, principalmente. Primero, el anuncio del primer ministro, Ariel Henry, que dirige el país desde el asesinato del presidente, Jovenel Moïse, en 2021, de que convocará elecciones en agosto de 2025, fecha que muchos en Haití consideran demasiado lejana. Segundo, la visita del propio Henry a Kenia la semana pasada para negociar una misión de apoyo policial bajo el paraguas de la ONU. A las bandas criminales, que dominan buena parte de la capital, no les gustó y lo hicieron saber.
En redes sociales han circulado vídeos de una crueldad extrema, donde grupos de muchachos armados ―poder de facto en la ciudad― vejan los cadáveres de policías asesinados o acechan con drones al puñado de agentes que trata de contener la embestida, nunca tan salvaje como ahora. A la vez, líderes de la delincuencia, caso destacado, el del expolicía Jimmy Cherizier, alias Barbecue, dan ruedas de prensa descabelladas en las que se presentan como líderes sociales, dispuestos a todo con tal de ver caer al Gobierno.
Trabajador del ramo de la seguridad privada, Alan, nombre ficticio, pasó la tarde del 29 de febrero llevando a gente a su casa. “Por los grupos de WhatsApp ya vimos que todo estaba muy caliente. Yo y mi equipo estuvimos trasladando a nuestros clientes a sus viviendas. Fueron 15 en total. Luego ya cada uno se fue a la suya y a esperar que todo esto pare. La policía no tiene capacidad”, explica: “Todos tienen miedo, están esperando que llegue ayuda del extranjero; es la única posibilidad”.
Una eventual ayuda extranjera es la comidilla estos días en Haití. Desde hace meses, Naciones Unidas trata de cerrar el envío de una misión de apoyo policial al país, que, con 11 millones de habitantes, cuenta con menos de 10.000 policías. Kenia levantó la mano para liderarla y se comprometió a mandar al menos a 1.000 agentes. Otras naciones, como España, también han ofrecido apoyo humano y material, todo bajo el paraguas financiero de Estados Unidos, que ha prometido una inversión logística de 200 millones de dólares.
A las bandas criminales, que se cuentan por decenas en Puerto Príncipe, con liderazgos y alianzas cambiantes, les incomoda la llegada de una misión internacional. Nacidas al calor de peleas políticas, sus dinámicas han cambiado en los últimos años. Durante las primeras dos décadas del siglo, funcionaban como grupos de choque al servicio de las élites, en una lógica política siempre pegada a los ciclos electorales. Pero Haití no celebra elecciones desde de 2016 y las bandas empezaron a buscar recursos en otro lado. Desde entonces, la extorsión y el secuestro se han convertido en sus actividades principales.
Romain Le Cour, investigador de The Global Initiative against Transnational Organized Crime, una organización civil con sede en Suiza, señala que “la industria del secuestro funciona a escala industrial en Haití”. Le Cour, que salió de Puerto Príncipe esta semana en uno de los últimos vuelos que despegó del aeropuerto, recuerda el caso de una víctima que entrevistó recientemente. “Me contó que estuvo en una casa de seguridad, con otras 70 personas secuestradas. Decía que podían tenerte ahí mes o mes y medio. ¿Ves la logística necesaria? Todo el mundo conoce a alguien que fue secuestrado en Puerto Príncipe. Y si no, es cuestión de tiempo”, añade.
