Tegucigalpa – La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, ha manifestado que se espera la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, aunque es necesario que se socialice la normativa con todos los sectores del país.
Ayala también ha adelantado que las audiencias públicas comenzarán con el Colegio Hondureño de Economistas, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), organizaciones no gubernamentales relacionadas con la temática económica y fiscal, y otros sectores como el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación de Maquiladores, las Cámaras de Comercio y la Micro y Pequeña Empresa del país.
La Comisión Especial de dictamen del proyecto de Ley de Justicia Tributaria trabajará con doble horario en dos semanas para socializar la normativa y después iniciar con la elaboración del dictamen para presentarlo y discutirlo en el pleno hemiciclo legislativo.
Además, se ha conocido que los agroexportadores han solicitado una comparecencia a la Comisión Especial Legislativa para conocer más sobre la iniciativa que impulsa el Ejecutivo.
Según la diputada, se cuenta con los 50 votos de Libre, y se espera contar con más votos al finalizar el proceso de socialización y dictamen.
El apoyo vendrá luego de que el Sistema de Administración de Rentas (SAR), la Secretaría de Finanzas y la Administración Aduanera den a conocer el impacto de las exoneraciones fiscales, las consecuencias de que Honduras sea declarada como “paraíso fiscal” y la enorme disparidad de que los que menos ingresos son los que sostienen la mayor parte de la recaudación tributaria.
La diputada ha recordado que las remesas familiares no serán gravadas con impuestos y que no existe ninguna justificación para que haya despidos de empleados o se incremente el precio de los productos de la canasta básica, ya que las empresas acogidas a los 18 regímenes fiscales existentes finalizarán su periodo para el cual se acogieron sin pagar impuestos al Estado.
Por otro lado, la Comisión ha explicado que se regularizará todo el sistema de exoneraciones, pero eso no quiere decir que no habrá incentivos para el sector privado que invierta en el país.
Con la ley se crearán dos regímenes especiales con condiciones preferentes para algunos sectores los cuales serán monitoreados.
La Ley de Justicia Tributaria, presentada por el Poder Ejecutivo en marzo de 2023, busca promover las inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo como mecanismo de erradicación de la pobreza y contención de la migración.
La adopción de las reformas a la Ley de Justicia Tributaria implicaría reconocer a nivel Constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir, que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana.
También se limita el tiempo de otorgamiento de exoneraciones a un máximo de 10 años y se derogarán los beneficios contenidos.
