Tegucigalpa – El Fiscal Adjunto interino del Ministerio Público (MP), Mario Morazán, ha destacado la necesidad imperiosa de ampliar el personal en la Fiscalía para abordar de manera efectiva las investigaciones de casos de alto impacto y para presentar requerimientos fiscales con la debida diligencia.
Morazán subrayó que uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el Ministerio Público es la falta de suficientes peritos financieros para analizar los estados monetarios de los sujetos bajo investigación.
Esta carencia dificulta la profundización de las indagaciones y la presentación de argumentos sólidos ante los tribunales.
Asimismo, expresó su preocupación por la ausencia de un aumento en el presupuesto asignado a la institución, lo que limita la capacidad operativa del Ministerio Público para cumplir con su mandato de manera eficiente.
Espera que se realicen evaluaciones exhaustivas para asignar los recursos necesarios que permitan potenciar las funciones de la Fiscalía.
Morazán señaló que la administración anterior del MP utilizó el procedimiento de privación de dominio como una herramienta de presión sobre ciertas personas.
Sin embargo, enfatizó que cualquier acción legal emprendida por la Fiscalía se basará en fundamentos sólidos y evidencia sustancial, independientemente del estatus político o social de los involucrados.
En cuanto a los casos relacionados con el expresidente Juan Orlando Hernández, Morazán reveló que se están llevando a cabo múltiples líneas de investigación, todas ellas con el objetivo de esclarecer la verdad y aplicar la justicia de manera imparcial.
Por otro lado, desestimó las especulaciones sobre una posible postulación a magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), afirmando que su compromiso radica en cumplir su labor en el Ministerio Público con integridad y profesionalismo.
En relación con la situación en la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Morazán confirmó que se han recibido denuncias contra un grupo de empleados en protesta, aunque aclaró que estas se centran en la usurpación de funciones y no están dirigidas contra la ministra de la SEHS, Natalie Roque.
