Tegucigalpa – Durante la reciente audiencia dedicada a analizar la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos, la congresista estadounidense, María Elvira Salazar, hizo señalamientos graves contra el director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona.
En medio de la sesión, Salazar afirmó de manera contundente que el funcionario gubernamental estaba cobrando sumas exorbitantes a los migrantes que atravesaban el territorio hondureño en busca de un camino hacia Estados Unidos.
«La gobernadora de Choluteca y el comisionado de Transporte cobran 150 dólares por persona para permitirles cruzar el territorio hondureño», declaró la congresista, arrojando luz sobre supuestas actividades cuestionables que podrían estar ocurriendo en la región. Sin embargo, Barahona negó vigorosamente las acusaciones y refutó las afirmaciones de Salazar, calificándolas de «falsas».
«Nosotros no emitimos salvoconductos, niego rotundamente las declaraciones de la congresista de los Estados Unidos. Me da profunda tristeza que se hayan difundido diagramas falsos», expresó Barahona en su defensa.
El director del IHTT se mostró visiblemente molesto ante las aseveraciones y enfatizó que su único papel ha sido proporcionar transporte a los migrantes, sin involucrarse en actividades ilegales o corruptas.
Además, Barahona señaló con indignación a ciertos miembros del Partido Nacional y a otros individuos que, según él, estaban difamando la imagen de Honduras y tratando de perjudicar al país con acusaciones infundadas.
«Los corruptos que quieren hacer daño al país son aquellos que están desempeñando roles como voceros en el país norteamericano, destruyendo nuestra reputación», agregó Barahona con un tono de frustración evidente.
A pesar de las negaciones de Barahona, Salazar hizo hincapié en una supuesta «red de tráfico de personas» que opera en la zona sur de Honduras y que, según sus afirmaciones, es conocida por el gobierno hondureño.
La audiencia dejó al descubierto una serie de acusaciones serias que subrayan la necesidad de una mayor transparencia y control en los asuntos relacionados con el tránsito de migrantes en la región.
