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Municipalidad de San Pedro Sula intervenida por el Ministerio Público por presunta corrupción

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San Pedro Sula, Honduras – El Ministerio Público (MP), en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), han tomado control de la Municipalidad de San Pedro Sula este lunes.

Esta acción se produce tras múltiples denuncias por supuestas irregularidades cometidas durante la actual administración municipal, liderada por el alcalde Roberto Contreras.

Las investigaciones se centran en la adjudicación de contratos para obras de pavimentación y mantenimiento vial en la ciudad. Las denuncias apuntan a que estos contratos se habrían otorgado a empresas constructoras vinculadas con familiares del alcalde Contreras, lo que representa un posible conflicto de interés y una flagrante violación a la ley.

Recolección de evidencia y búsqueda de la verdad

Las autoridades procederán a realizar inspecciones exhaustivas y decomisar documentación relevante en las oficinas de la alcaldía, así como en las empresas mercantiles involucradas en las investigaciones. El objetivo principal es recolectar evidencia que sustente las denuncias y esclarecer los hechos.

“Los supuestos delitos en los que habrían incurrido funcionarios municipales, van desde fraude, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios, entre otros”, enfatizó el Ministerio Público en un comunicado.

Reacciones y alegatos del alcalde Contreras

Ante la intervención, el alcalde Roberto Contreras ha reaccionado declarando que “la información que maneja el Ministerio Público en esta investigación, más del 95 por ciento de lo que investiga sucedió en las administraciones anteriores”.

A su vez, manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones y anunció que presentará un equipo de abogados para defender su caso.

Contreras también ha realizado fuertes críticas al director de la UFERCO, Luis Javier Santos, calificándolo de «cobarde» por no revelar los nombres de los verdaderos responsables del desfalco municipal.

Además, solicitó a Catastro Municipal que emita una certificación que demuestre que ni él ni su familia poseen propiedades de alto valor adquiridas con fondos de la alcaldía.

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