Madres gestantes en Estados Unidos se quejan de contratos ineficientes, malos pagos y falta de apoyo, en una práctica donde prevalece el negocio sobre el trato a las mujeres.
Por El País
Cuando Camila Vintimilla-Caster llegó al salón de parto del Baylor University Medical Center, el corazón de la bebé ya había dejado de latir. El 14 de julio de 2021 en Texas, una calurosa mañana de verano, Camila iba a dar a luz a una niña de ocho libras (3,6 kilos) que no era suya, tras firmar un contrato gestacional. Recién cumplía 39 semanas de un embarazo hasta entonces perfecto. Días antes, le comentó a su ginecóloga que había vomitado y perdido dos libras (casi un kilo) de peso. Le recetaron una medicina para las náuseas. El domingo 12 de julio hizo una llamada telefónica para reportar que la bebé se estaba moviendo diferente. Le dijeron que no había problema. El día programado para la cesárea, Camila llegó al hospital a las cinco de la madrugada. Poco después, un doctor confirmó la muerte de la bebé.
Para la joven colombiana empezó un largo camino sin apoyo de la agencia que la contrató para ser madre gestacional y un luto que arrastra hasta hoy. “Cuando salí del hospital, me preguntaba: ¿Por qué yo?; ¿qué hice?”, cuenta Camila, de 33 años. “Esos padres invirtieron tiempo y dinero. Me sentí tan mal, tan culpable, no quería que pensaran que yo le hice algo a la bebé”, dice en referencia a la pareja que iba a recibir el bebé que ella gestó.
Camila y su esposo habían firmado el contrato gestacional acorde con los requisitos establecidos en el Código de Familia de Texas. El documento, entre otros aspectos, establece que la madre gestacional renunciaba “a toda patria potestad y deberes respecto del niño concebido mediante reproducción asistida”, y que sería informada de los posibles riesgos asociados a la implantación de embriones múltiples, así como a los medicamentos para la fertilidad, y los efectos psicológicos derivados del proceso. “Nadie nunca me habló de riesgos”, asegura Camila, madre de dos niños de 5 y 9 años. “La subrogación es un tema tan tabú, especialmente en las comunidades latinas. Nadie me había alertado de esto”.
Estilista en la ciudad texana de Forth Worth, Camila apenas conocía la zona gris del alquiler de vientres, una industria que en 2022 reportó a nivel mundial un valor estimado de 14.000 millones de dólares, y alcanzará los $129.000 millones en los próximos diez años, según una investigación de Global Market Insights. Países como Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Reino Unido o Tailandia se consideran destinos a los que la gente va para beneficiarse de esta práctica, mientras que en España está prohibida y en Canadá se admite sólo si es de manera altruista. En todo el mundo, despierta un inacabable debate legal y ético.
“Aunque las mujeres que sirven como madres de alquiler pueden tener cualidades afectivas, el propósito de la industria es crear bebés y ganar dinero”, asegura Jennifer Parks, profesora asociada de Estudios de la Mujer y Estudios de Género en la Universidad de Loyola, Chicago. “No creo que la maternidad subrogada sea intrínsecamente inmoral, pero no tengo muchas esperanzas de que el sector evolucione hacia un modelo que dé más voz y poder a las mujeres pobres de color, que suelen ser las contratadas para los servicios de maternidad subrogada en el mercado mundial”.
Continúe leyendo aquí
