Tegucigalpa – Este sábado, la Articulación Ciudadana Transparencia y Justicia (ACTJ) recordó que han transcurrido 975 días desde que la presidenta Xiomara Castro reafirmara su compromiso de traer a Honduras la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una de sus principales promesas de campaña.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la plataforma ciudadana lamentó la falta de avances en la instalación de este mecanismo clave para combatir la corrupción en el país.
“Mientras la mayoría de la población se encuentra de vacaciones, la corrupción no descansa, ni los múltiples problemas sociales que los corruptos provocan tampoco se van de vacaciones”, señaló ACTJ en su publicación en X (anteriormente Twitter).
Con el hashtag #UrgeLaCICIHya, la organización enfatizó la urgencia de implementar este mecanismo internacional, destacando que Honduras sigue enfrentando una emergencia en materia de corrupción. “Seguimos contando los 975 días sin la CICIH. ¿Tienen miedo?”, cuestionó la plataforma en su mensaje.
Reunión con la ONU y avances en el convenio
Esta semana, la presidenta Xiomara Castro sostuvo una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la cual entregó un segundo borrador del convenio que busca oficializar la llegada de la CICIH. Este nuevo documento incluye las observaciones hechas por las Naciones Unidas y refleja el compromiso de ambas partes para consolidar un mecanismo efectivo en la lucha contra la corrupción en Honduras.
En el encuentro, Castro subrayó la introducción de un nuevo concepto jurídico en el convenio: la figura del “acusador privado”, que busca fortalecer la participación en los procesos judiciales relacionados con casos de corrupción.
A pesar de este avance, sectores de la sociedad civil, como la ACTJ, siguen expresando su impaciencia y preocupación por los retrasos en la implementación de la CICIH, instando al gobierno a acelerar el proceso para enfrentar la corrupción que tanto afecta al país.
La comunidad hondureña y diversas organizaciones continúan exigiendo acciones más concretas y rápidas para frenar la impunidad y garantizar la transparencia en la gestión pública.
