Tegucigalpa – El estancamiento político en el Congreso Nacional de Honduras ha alcanzado un punto crítico a medida que el país se acerca a casi dos meses de parálisis legislativa.
El punto muerto se centra en las agrias disputas entre las diversas bancadas políticas en torno a la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto del Ministerio Público, una cuestión que ha desatado una intensa lucha de poder entre las facciones de la oposición y el oficialismo.
En esta contienda, las posturas se han endurecido y las negociaciones se han estancado, con el Partido Salvador de Honduras (PSH) proponiendo la nómina de Marcio Cabañas y Jenny Almendares para los cargos de Fiscal General y Adjunto, apoyados por el Partido Nacional y las máximas autoridades del Partido Liberal.
Por otro lado, el Partido Libertad y Refundación (Libre) ha respaldado la propuesta de Johel Zelaya para Fiscal General y la continuidad de Marcio Cabañas como Fiscal Adjunto.
La perspectiva de Jorge Cálix en la crisis política
En medio de este enfrentamiento, el diputado de Libre, Jorge Cálix, ha abogado por un enfoque más conciliador, destacando la importancia de encontrar un punto intermedio que refleje las diversas voces y visiones de la nación. «Lo que debemos entender es que esto no se trata de blanco o negro, sino de encontrar el mejor tono de gris», subrayó, llamando a la búsqueda de consensos y compromisos en beneficio del país en su conjunto.
A pesar de los esfuerzos de la junta directiva del Congreso Nacional por mantener una apariencia de normalidad y de estar comprometidos con una agenda trazada, diversos sectores de la sociedad civil han expresado una creciente preocupación por la parálisis legislativa que consideran una amenaza directa a la democracia del país.
Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha advertido sobre los peligros de lo que describe como un intento de «liquidar la democracia disolviendo el Congreso Nacional», instando a los legisladores a retomar sus funciones y a cumplir con el mandato otorgado por el pueblo hondureño.
El costo económico y social de la parálisis legislativa en Honduras
El costo de esta inactividad política tampoco pasa desapercibido, ya que cada día sin sesiones implica una pérdida de aproximadamente un millón de lempiras, lo que se traduce en una carga financiera considerable para el país en un momento de desafíos económicos y sociales.
Mientras tanto, las horas continúan transcurriendo sin signos claros de un posible acuerdo en el horizonte, lo que plantea la urgente necesidad de encontrar una resolución para esta crisis legislativa que afecta a la nación en su conjunto.
Ante la gravedad de la situación, algunos líderes políticos, como Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del partido Libre, han propuesto la idea de una posible ampliación de la legislatura o la convocatoria de sesiones extraordinarias, en un intento por abordar el problema y encontrar soluciones efectivas que eviten una mayor parálisis y aseguren el funcionamiento continuo de las instituciones legislativas en beneficio del pueblo hondureño.
