Tegucigalpa. – EI Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), informó que no era el momento para que el Partido Libertado y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), hicieran el cambio del Procurador y Subprocurador General de a República.
Señalan que no correspondía ejercitar esta atribución en el momento en que lo ha decidido hacer Libre y el PSH, pues el periodo de los actuales titulares de esa institución vence hasta en junio de este año.
“También rechazamos que los partidos Libre y PSH hicieran esta elección inobservando que los elegidos no cumplen con uno de los requisitos que exige la Constitución de la República para el cargo (artículo 229 en relación con el artículo 309, numeral 3 de la Constitución de la Republica), por lo que exhortamos a la Presidenta del Poder Ejecutivo a que no sancione un decreto con vicios de nulidad”, señala
Además, hace énfasis que esta elección se ha producido a la media noche, a espaldas del pueblo, una práctica que los hondureños siempre henos rechazado y que, paradójicamente, los protagonistas que ahora tienen el poder político, criticaron duramente en campaña.
Por otro lado, “desaprobamos la denominada “Ley de Amnistia para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia», aprobada por la facción que controla el Congreso Nacional, pues la discrecionalidad que otorga ese marco jurídico puede dejar sin sanción a personas y actos que deben ser conocidos y resueltos por la justicia”.
Indican que como partido mantienen la postura sobre la Ley de Amnistía es coincidente con la forma en la que la han catalogado ya personas del entorno de la presidenta Xiomara Castro, como el doctor Edmundo Orellana Mercado, Ministro Asesor en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción del nuevo gobierno, quien acertadamente la llamó “un nuevo pacto de impunidad”.
“Aunque hacemos estas consideraciones ante lo aprobado por la facción en control del Poder Legislativo, mayoritariamente de LIBRE Y PSH, aclaramos que seguimos considerando que estas decisiones carecen de legalidad, por la misma forma en que este grupo tomó el mando del Congreso”, apuntan.
Finalmente piden a las partes en conflicto a que pongan fin a sus diferencias internas y resuelvan mediante el diálogo la situación, de manera que, civilizadamente.
